Todo era alegría la tarde del miércoles en Hacienda. Contra los pronósticos más escépticos, la Sala de la Cámara de Diputados ratificó los cambios realizados al Senado en el proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, lo que evitó una comisión mixta y despachó a ley el principal componente del pacto fiscal.
Con esta iniciativa, se prevé recaudar US$ 4.500 millones en régimen, equivalentes a 1,5% del PIB.
Y si bien los esfuerzos de Teatinos 120 estarán centrados ahora en la puesta en marcha e implementación de los principales cambios al sistema tributario, hay una tarea pendiente que también marcará octubre: el ingreso del proyecto que modifica el sistema de impuesto a la renta.
Habrá que compensar bajas de impuestos, por ejemplo, a las PYME (para que no tributen por un 25% a partir del próximo año) y a las grandes empresas, desde 27% a 25%.
Hacienda enviará la propuesta a la Cámara a fines de ese mes, para así enfocar los esfuerzos en lo inmediato en el Presupuesto 2025, la puesta en marcha de la ley de cumplimiento y el anuncio del sistema que dejará atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE).
Dos cambios en la mira
Si bien el proyecto de cumplimiento se aprobó con una abrumadora mayoría en ambas cámaras, hubo artículos que quedaron en el camino. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya anticipó que buscará reponerlos en la próxima discusión sobre impuestos, presumiblemente en el texto que ajuste la tributación a la renta.
Y hay dos en el horizonte: los cambios a herencias y donaciones, y el denominado 27 bis.
Sobre el primer punto, el Ejecutivo busca modificar la forma de calcular y de tasar los bienes hereditarios, además de volver a aplicar impuesto a las donaciones revocables (transferencias de bienes que realiza una persona en vida a sus herederos y que se confirman al momento de fallecer, pero que se pueden dejar sin efecto antes de su deceso); y gravar las transferencias de propiedades DFL-2. Según ha dicho Marcel, la exención para las donaciones revocables sería un mecanismo para eludir el pago de impuestos de parte de los contribuyentes de altos ingresos.
El 27 bis, en tanto, es un mecanismo que rige la devolución de IVA pagado en la adquisición de activos fijos. Hoy, dicho proceso puede tomar varias décadas, lesionando las arcas fiscales.
Por lo mismo, Hacienda propuso en el proyecto de cumplimiento tributario acotar el plazo de devolución a 10-15 años. La oposición explicitó su rechazo, ya que es un incentivo que se usa principalmente en el sector de la construcción, hoy uno de los más golpeados. Las partes, finalmente, acordaron sacar este tema del proyecto de cumplimiento y analizarlo en otra iniciativa legal.
La falta de acuerdo en ambos tópicos derivó en que no fueron aprobados en el Senado y quedarán finalmente fuera del texto de cumplimiento fiscal.
Ejes del nuevo proyecto
En recientes reuniones con diversos actores políticos, Marcel ha transmitido que el proyecto de renta será sustancialmente distinto al original y que fue socializado en diálogos a inicios de este año.
Por ejemplo, se desecharía la idea original de aumentar las tasas de impuestos personales más altos, que partía en personas con ingresos superiores a $ 4 ,5 millones mensuales.
Dada la menor necesidad de recursos, más bien se optaría por enfocar las alzas tributarias en las rentas del capital, aplicando un nuevo tributo a los retiros de dividendos y aumentando la tasa que afecta las ganancias de capital en operaciones bursátiles, hoy ubicada en un 10%.
La autoridad ha transmitido que los nuevos recursos provenientes del litio por el acuerdo entre Codelco y SQM, y el hecho de que el proyecto que amplía la cobertura de la sala cuna se financiaría con una cotización adicional, le restan presión a las arcas fiscales y hacen menos exigente el rendimiento de los cambios en renta.
A su vez, habrá que compensar bajas de impuestos, por ejemplo, a las PYME (para que no tributen por un 25% a partir del próximo año) y a las grandes empresas, desde 27% a 25%. También habrá beneficios tributarios para gastos en arriendos de propiedades, cuidados a personas no valentes y en educación, entre otros.
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