La discusión sobre cambios a las exenciones tributarias reaparecerá esta semana en el país. El viernes, la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregará el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, el que traerá un dato clave: el costo del denominado gasto tributario -lo que deja de recaudar el Fisco por entregar tratamientos impositivos diferenciados en favor de sectores o actividades-, cifra calculada en base a las recomendaciones de los informes del grupo de 16 economistas convocados por Teatinos 120 y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por la OCDE, participaron en la elaboración del reporte, entre otros, el jefe de las Unidades de Política Tributaria Doméstica y de Impuestos a la Propiedad, Bert Byrs, y la economista del Área Tributaria, Gioia de Melo.
“Es importante que el país se tome el tiempo necesario para evaluar las recomendaciones recibidas y transformarlas en una política tributaria que alinee los diferentes objetivos: aumentar la recaudación, manteniendo la eficiencia y fortaleciendo la equidad”, manifiestan ambos expertos desde París.
Señalan que la crisis del Covid-19 ha creado “nuevos desafíos” y requerirá una “planificación cuidadosa de una futura reforma tributaria”, recalcando que el organismo está listo para asistir a Chile y a Hacienda ante cualquier reforma y agenda hoy y en los años posteriores.
La espera, según explican, responde a la necesidad de evaluar el impacto de la crisis y presentar planes de cambios tributarios que faciliten la recuperación económica y, eventualmente, contribuyan a aumentar los ingresos para financiar los impactos de la crisis. “La reforma debiese ser eficiente y reforzar la justicia del sistema tributario y de la sociedad en general en Chile”, responden vía correo electrónico.
Brys y De Melo reconocen que la OCDE está “esperanzada” de que Chile implementará las recomendaciones de este reporte, “incluyendo adoptar un sistema con un nuevo benchmark para evaluar los gastos tributarios, mejorando la calidad de la información utilizada en su estimación y ampliando la metodología de cálculo de ciertos ítemes”.
Por ejemplo, el reporte sugiere recolectar más y mejores datos para mejorar la evaluación del gasto tributario, ya que en algunas partidas la falta de datos es uno de los principales obstáculos para lograr una apropiada cuantificación.
Esto ocurre, enfatizan Brys y De Melo, con las zonas francas, las ganancias de capital en acciones listadas en la bolsa, las compañías que tributan bajo los regímenes de presunción de renta, las exenciones para las inversiones canalizadas a través de fondos de inversión, los ingresos de renta provenientes de propiedades DFL2 y las pólizas de seguros de vida, entre otros.
El momento adecuado
Brys y De Melo señalan que debido al Covid-19 “cualquier reforma tributaria necesitará ser cuidadosamente cronometrada”, ya que los países “podrían no querer implementar reformas tributarias que aumenten los ingresos muy pronto, ya que necesitan primero asegurar que sus economías estén en una sólida senda de recuperación”.
Pero, a su vez, argumentan que “tampoco podrían postergar mucho las reformas, ya que los mercados financieros tienen que mantener su confianza de que el país está lidiando con la crisis de una forma apropiada”.
¿Qué cambiar y qué no?
De todos modos, los expertos resaltan que el hecho que un ítem se considere gasto tributario no implica necesariamente que deba ser eliminado.
“Múltiples gastos tributarios son justificables porque incentivan ciertos comportamientos para alcanzar objetivos de tipo económico (por ejemplo, incentivar la inversión o la demanda laboral), de equidad, culturales o de simplificación del sistema tributario. La meta de esta evaluación es incrementar la transparencia y responsabilidad de la política tributaria, permitiendo que los gastos tributarios pasen por el mismo escrutinio y discusión de costos y beneficios que los gastos directos”, argumentan los expertos.
Respecto al gasto tributario de los impuestos corporativos, la OCDE propone que varias de las preferencias para que las empresas escojan el régimen Pyme deberían ser consideradas gasto tributario.
“Adicionalmente, el régimen optativo de presunción de rentas ofrecido a los contribuyentes pequeños en agricultura, transportes y minería genera un gasto tributario. Las cooperativas y universidades reciben un tratamiento preferencial, lo que constituye un gasto tributario”, profundizan.
Respecto al impuesto personal, la deducción de las contribuciones obligatorias para salud, pensión y desempleo, así como la no tributación de las rentabilidades de los ahorros obligatorios que se acumulan en el fondo de pensión, no debiesen ser considerados un gasto tributario, al igual que la deducción por los gastos de trabajadores independientes.
“Respecto a las ganancias de capital por las ventas de bienes raíces, tanto la exención -hasta UF 8.000 por persona por única vez- como la tributación reducida por las ganancias de capital sobre UF 8.000 deberían ser incluidas y medidas como gasto tributario”, puntualizan.
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