La aprobación del texto tuvo un largo recorrido, desde su ingreso a la Cámara de Diputados el pasado 29 de enero, pasando al Senado a mediados de abril y luego de un acuerdo técnico y político entre los senadores y Teatinos 120 en julio para destrabar algunos de los principales nudos del texto.
Por lo pronto, hubo 24 puntos que fueron visados por el Senado casi de forma íntegra en relación con su primera tramitación en la Cámara.
Estos fueron las nuevas facultades de fiscalización de grupos empresariales; la multijurisdicción, que permite que una dirección regional del Servicio de Impuestos Internos (SII) pueda fiscalizar a contribuyentes en otra locación; la creación de un mecanismo para promover las buenas prácticas de grupos empresariales en materia del pago de impuestos; la simplificación del proceso de término de giro de contribuyentes; la posibilidad de establecer la trazabilidad en el comercio de bienes; aumentos de multas en delitos tributarios; una nueva norma sobre colaboración sustancial en investigaciones sobre impuestos; la creación de medidas prejudiciales y la ampliación de medidas cautelares que puede solicitar el SII.
Asimismo, se dio luz verde a la nueva política de determinación de intereses para favorecer a PYME en deuda con las autoridades fiscales.
Esto implica que la tasa de interés sobre deudas tributarias se reducirá desde un 1,5% por mes a una tasa diaria variable que será fijada semestralmente por el SII.
Asimismo, se permitirá a las PYME acceder a convenios preferentes para el pago de deudas en 18 cuotas, con un pie inicial no superior al 5% y condonación de intereses y multas.
También se respaldaron las modificaciones a procedimientos ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA); los procedimientos de cobranza ante Tesorería y declaración de incobrabilidad; las modificaciones al impuesto al lujo, aunque en el Senado se aclararon las exenciones para los veleros deportivos; la forma de notificar a contribuyentes en controversias con el SII, Aduanas y Tesorería; las nuevas normas sobre precios de transferencia; una nueva definición de regímenes tributarios preferenciales; las modificaciones a norma sobre impuesto a la renta en venta indirecta de entidades con domicilio en Chile; y ajustes al IVA en compras a través de plataformas digitales a contribuyentes no domiciliados en el país.
Un último paquete se relacionaba con el fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), permitiendo representar judicialmente a personas y PYME en controversias contra el SII, Aduanas y Tesorería; el fortalecimiento institucional de los organismos tributarios; las normas sobre declaración de incobrabilidad de deudas de más de 10 años; la nueva ventana de repatriación de capitales; y la norma sobre término anticipado de juicios.
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