Una muestra de que el tema tributario está posicionado en la discusión política es la nutrida cantidad de proyectos en trámite en el Parlamento, con distintos tipos de avances. Un análisis elaborado por los abogados de Fischer y Cía., Juan Cristóbal Ortega y Javier Figueroa, sistematiza la agenda tributaria radicada en el Congreso, dando cuenta de más de 15 iniciativas vigentes en el Legislativo.
Una de los que avanzó recientemente es la moción que rebaja en un 50% el impuesto específico a los combustibles mientras dure el estado de excepción constitucional. El 6 de julio la comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la idea de legislar el texto y a fines de ese mes lo despachó a la Sala, pero sin su articulado. La propuesta enfrenta un escenario cuesta arriba, en especial luego del lapidario informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) que advirtió sobre los efectos irreversibles del calentamiento global.
Una moción similar pero de nulo avance es la ingresada a fines de mayo para suspender por un año la aplicación del impuesto específico a los combustibles. El texto está en primer trámite en la comisión de Constitución de la Cámara.
Mientras que el proyecto ingresado a fines de julio por el Ejecutivo que modifica el régimen de donaciones, estableciendo beneficios impositivos para algunas actividades y contribuyentes, se encuentra en primer trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara, en la discusión en particular.
El controversial royalty
El proyecto que más lejos ha llegado dentro de esta categoría es el texto que crea una "compensación" de las mineras al Estado, a través de un nuevo royalty mediante la obligación de pagar un 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. En caso de que el precio promedio anual de cobre supere US$ 2 por libra, habrá una compensación adicional, de tasa variable y progresiva para aquella parte adicional del precio.
La iniciativa pasó la primera valla de la Cámara de Diputados, pero el panorama no se ve auspicioso en el Senado, donde el Ejecutivo está negociando modificaciones que reduzcan el impacto sobre los márgenes de la industria.
Más información para el SII
Una propuesta que tiene atento al sector privado es la moción de senadores de oposición que obliga a los bancos e instituciones financieras a entregar al Servicio de Impuestos Internos (SII) los saldos de cuentas financieras con movimientos superiores a 1.500 UF. El texto ha puesto en el debate el secreto bancario. La iniciativa está en primer trámite en la comisión de Hacienda del Senado, aprobado en general y en etapa de ingreso de indicaciones, donde el Ejecutivo se ha hecho parte del mismo.
El estancado impuesto patrimonial
Quizá la moción de mayor figuración pública es la reforma constitucional que crea, por única vez, un impuesto de 2,5% a los patrimonios superiores a los US$ 22 millones, con el objetivo de financiar una renta básica mientras dure la emergencia sanitaria. La propuesta fue despachada al Senado para su segundo trámite, pero se rechazó el tributo de 2,5%, además del aumento transitorio a 30% del impuesto corporativo para las "mega empresas" y la suspensión temporal por dos años de las exenciones de gravamen a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles líquidos y de impuesto corporativo para los fondos de inversión privados. Solo se aprobó la rebaja transitoria del IVA a 10% para servicios e insumos básicos, con excepción de los combustibles.
Los rezagados
Un nulo movimiento en la Cámara registra una moción ingresada el 10 de septiembre de 2019 que busca que las empresas tengan la obligación legal de tributar en los lugares donde operan, determinando que al menos el 10% del presupuesto regional estará compuesto por dichos gravámenes.
En mayo del 2019, se presentó otra moción parlamentaria que buscaba terminar con el monopolio del SII en el inicio de la acción penal en materia tributaria, compartiendo dicha potestad con el Ministerio Público. El texto no ha avanzado más allá de la comisión de Constitución. Un texto con el mismo espíritu entró a discusión en agosto del 2016, y que incluso establecía la obligación del director del SII de justificar su decisión de no ejercer acciones penales. El texto sigue en su primer trámite en la comisión de Constitución. Otro proyecto en la misma línea ingresó en marzo del 2015, no registrando movimientos.
Otra iniciativa que ha quedado en el olvido en Valparaíso es la que se presentó en junio de 2018, ampliando a los delitos tributarios los ilícitos por los que una persona jurídica puede ser condenada. El texto no ha pasado de la comisión de Constitución del Senado.
En diciembre del 2017 se presentó una moción para establecer una serie de limitaciones para las empresas con nexos con paraísos fiscales, como la prohibición de contratar con el Estado y obtener concesiones, entre otras. Sigue en su primer trámite en la comisión de Economía de la Cámara. Mismo tránsito, pero en la comisión de Constitución, ha seguido una moción para consagrar constitucionalmente la autonomía del SII, ingresada en mayo del 2017.
Otros textos con nulo avance en el Parlamento son el que mejora el proceso de cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias; el que limita el uso del crédito fiscal IVA para empresas que paguen con atraso a sus proveedores; uno que establece que el nombramiento del director del SII deberá ser ratificado por el Senado; el que establece la exención de la obligación de reserva tributaria en juicios de divorcio o nulidad matrimonial; y otro en la misma línea del previo, pero extendido a todo tipo de juicios.
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