Durante la primera ola de la pandemia, a partir de fines del primer trimestre del año pasado, el Ejecutivo comenzó a poner en marcha una serie de medidas tributarias para aliviar la carga de las compañías, en especial las pequeñas y medianas, afectadas por las medidas de confinamiento y la incapacidad de facturar ingresos.
Políticas como postergar el pago del impuesto a la renta y el IVA; establecer devoluciones anticipadas de gravámenes; o reducir transitoriamente el tributo de timbres y estampillas, fueron parte del set de medidas que no solo se limitaron a 2020, sino que se extendieron a este año.
Y su efecto no ha sido neutro para las finanzas públicas. Un balance elaborado por el Ministerio de Hacienda da cuenta que los distintos alivios para las pequeñas y medianas empresas le han significado menores ingresos al sector público -algunos de manera permanente y otros transitorios- por más de US$ 5.200 millones en los últimos dos años, para enfrentar la contingencia sanitaria y evitar la quiebra de los pequeños contribuyentes.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, recalca que las pequeñas compañías son la base de la recuperación y crecimiento de la economía, por lo que en los últimos dos años requirieron medidas extraordinarias de impulso.
"Tenemos la convicción que la inversión, el emprendimiento, la creación de empleos y el crecimiento económico son los instrumentos más poderosos para generar oportunidades y seguridades permanentes para las familias chilenas. Ya hemos logrado recuperar más de 1,3 de los dos millones de empleos perdidos, y que nuestra economía este año está creciendo a un ritmo de 11,5% anual, según las estimaciones del Banco Central. Todo esto es producto del esfuerzo de los trabajadores, del aporte de las empresas y del compromiso del Gobierno con las familias chilenas, las Pymes, la creación de empleos y la recuperación sostenible de nuestra economía", destaca.
Alejandro Weber subsecretario de hacienda.
Dónde se enfocaron las medidas
A partir del año pasado, se establecieron una serie de prórrogas para el pago de los impuestos, algunas de las cuales se extendieron a este ejercicio.
Por ejemplo, se postergó el pago del IVA por cerca de US$ 800 millones a más de 100 mil empresas. Lo mismo se realizó a 870 mil contribuyentes en sus cuotas de contribuciones de bienes raíces, equivalentes a US$ 170 millones. También, se suspendieron los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para más de 550 mil empresas por US$ 1.000 millones.
Adicionalmente, se reprogramó la tributación del impuesto de Primera Categoría a casi 90 mil Pymes por US$ 900 millones y se otorgaron facultades a los municipios para retrasar el pago de patentes municipales y alcoholes. Otras medidas en esta línea fueron la condonación de intereses y multas por retraso de pago de impuesto a la renta, contribuciones e IVA.
Junto con esto, se redujo transitoriamente a 0% el impuesto de timbres y estampillas, beneficiando a más de 36 mil contribuyentes por US$ 90 millones; se rebajó a 10% la tasa de impuesto de Primera Categoría para Pymes en los años comerciales 2020-2022; y se estableció la depreciación instantánea del 100% de activos fijos y la depreciación instantánea del 100% del valor de activos intangibles protegidos.
También, se anticipó la devolución del impuesto a la renta de Primera Categoría a más de 340 mil Pymes por más de US$ 870 millones, y del crédito IVA por cerca de US$ 168 millones en los últimos dos años. Al persistir la emergencia sanitaria este año, se extendió la suspensión del pago de contribuciones y de las patentes municipales y de alcoholes, junto con la condonación de multas e intereses por el retraso en el pago de impuestos fiscales.
Además, se entregaron nuevas medidas, como fijar transitoriamente la tasa de interés penal por mora a 0%; devolver el crédito fiscal IVA acumulado entre enero de 2020 y junio de 2021; extender la vigencia de patentes provisorias; y aumentar los plazos de los convenios de pago con la Tesorería y los municipios. Según Weber, estas medidas implicaron menores ingresos para el Estado por US$ 1.214 millones en el actual período.
Ahora, al agregar las otras ayudas fiscales entregadas, como por ejemplo el bono de alivio de $ 1 millón, el bono IVA, el aporte adicional para mujeres, y el bono y anticipo solidario para el pago de cotizaciones previsionales; el IFE Laboral; y los créditos con garantía estatal Fogape orientados a las Pymes, los montos movilizados por el Estado -entre menores ingresos, mayor gasto y beneficios para incentivar el mercado crediticio-, llegan a cerca de US$ 36.000 millones en los últimos dos años, de los cuales más de US$ 2.000 millones son "inéditas" transferencias directas para las Pymes, recalca el subsecretario.
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