Aunque en diferentes magnitudes, la crisis provocada por el Covid-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a "romper el chanchito" para ayudar a la población fuertemente afectada por la pandemia. A más de un año y medio de su llegada, y respondiendo a debates internos incluso anteriores a la pandemia, son varios los países de la región que están discutiendo -o diseñando- reformas tributarias.
La consultora británica Oxford Economics difundió un informe titulado "América Latina: Las reformas tributarias ganan terreno a pesar del débil apoyo", el cual plantea que las últimas semanas han estado marcadas por las discusiones en Brasil y Colombia, "ambas similares en método pero muy diferentes en términos de objetivos".
El análisis elaborado por Debora Reyna, Felipe Camargo y Joan Domene precisa que la reforma de Brasil -radicada en el Congreso y una de las principales banderas de la administración de Jair Bolsonaro- apunta a una mejor composición de la recaudación de impuestos, pero sin aumentar la carga tributaria del país.
La propuesta busca intercambiar el impuesto sobre la renta de las empresas con una carga recientemente implementada sobre la distribución de dividendos, apuntando a los "accionistas adinerados de empresas pequeñas y con incentivos fiscales". La iniciativa pretende gravar en un 15% las ganancias por dividendos, impuesto que no se aplica en el país desde 1995.
El proyecto de ley también propone rebajar el impuesto a la renta de las empresas de 15% a 8%, y sube a más o menos US$ 500 el salario mínimo imponible, frente a los US$ 380 actuales.
El debate en Colombia también contempla la carga para las empresas, pero en una "dirección diferente", según los autores. El proyecto impulsado por el gobierno de Iván Duque -luego de que la reforma original provocara una serie de manifestaciones que llevaron a la renuncia del ministro de Hacienda y a que el proyecto fuera retirado- busca aumentar los impuestos a los ricos y a las empresas para financiar políticas sociales enfocadas en quienes se han visto afectados por la pandemia, como ingresos mínimos específicos para los más vulnerables.
El Congreso colombiano ya aprobó en una ronda inicial de votaciones la denominada "Ley de Inversión Social" o "reforma 2.0", la cual busca recaudar US$ 4.000 millones, mediante un impuesto a la renta de 35% para las empresas.
El Ejecutivo pretende aumentar permanentemente los ingresos fiscales anuales en un 1,2% del PIB para 2023. O sea menos de 0,5 puntos por sobre el supuesto anterior de Oxford Economics. Según el análisis, esto "aún debería ofrecer una posición de deuda mucho mejor a largo plazo" para Colombia.
Reformas en construcción
El informe destaca que el gabinete de Pedro Castillo en Perú consiguió el voto de confianza en el Congreso, lo que es una "importante victoria política para la actual administración y es un primer paso hacia la construcción de acuerdos". Pero, alerta que dicha victoria se vio "parcialmente compensada" por la rebaja de la calificación crediticia de Moody's, que dejó en Baa1 el rating del país.
El pasado martes el ministro de Economía peruano, Pedro Francke, confirmó que su cartera está trabajando desde esa semana en una propuesta de reforma tributaria, que prontamente será presentada al Congreso.
Este lunes el secretario de Estado planteó en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso que se van a revisar las exenciones tributarias "que no nos ayudan tanto", además de reducir la evasión, ayudar a reducir los niveles de informalidad, "tener un sistema más simplificado para las empresas y también mejorar la progresividad". Esto se traduce en que "los que tienen más -donde ahorita se acumulan ganancia- sean los que puedan aportar más (impuestos) al Perú", explicó Francke.
En Ecuador, una de las mayores promesas de Guillermo Lasso para llegar a la presidencia fue la de realizar una reforma tributaria, la cual podría ser presentada a la Asamblea Nacional tan pronto como esta semana.
Si bien todavía no se conocen detalles sobre la iniciativa, esta incluiría la eliminación del impuesto a las herencias, modificaciones en los impuestos al patrimonio y a las exenciones actuales, mientras que no realizaría cambios al Impuesto al Valor Agregado (IVA) o al impuesto a la renta.
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