La discusión sobre un pacto fiscal, que implica retomar la vía legislativa de la reforma tributaria, entra en etapas decisivas. Este jueves, representantes de partidos políticos acudieron a una nueva reunión en Hacienda, donde recibieron un documento de tres páginas con una propuesta de acuerdo en uno de los principales pilares de la iniciativa: la modernización del Estado.
El texto, en calidad de borrador, fue analizado con el objetivo de recoger modificaciones y firmarlo en los próximos días.
“El pacto fiscal incorpora 11 iniciativas en materia de reforma del Estado que cumplen dos objetivos. En primer lugar, elevar la eficiencia en la gestión del sector público, liberando recursos que incrementen el espacio fiscal. En segundo lugar, aumentar la transparencia, eficiencia, calidad de servicio y probidad, pues estos atributos fortalecen la confianza en las instituciones del Estado, lo que eleva la satisfacción de sus usuario y facilita la implementación de políticas”, dice el borrador.
Agencia de calidad, ONG y descentralización fiscal
El primer punto aborda la creación de una Agencia de Calidad de Políticas Públicas (ACPP), que estará a cargo de la evaluación de proyectos, programas y políticas públicas, además de la política regulatoria del Estado.
La regulación y participación de organizaciones de la sociedad civil es el segundo pilar del acuerdo propuesto por Hacienda, donde se propone aplicar las medidas de la comisión Jaraquemada, convocada luego de conocido el caso Convenios, lo que dará origen a un proyecto de ley marco general de transferencias de recursos del Estado hacia entidades privadas. También se incorporarán indicaciones al proyecto de “Transparencia 2.0” y al de integridad en municipios.
La tercera medida se relaciona con la descentralización fiscal. Aquí, se comprometieron indicaciones al proyecto “Regiones más fuertes” que refuercen el control, rendición y auditoría en el uso de los recursos y aumenten la incidencia de los Consejos Regionales. A su vez, se propone presentar una reforma a la Ley de Rentas Municipales para fortalecer el financiamiento comunal.
Acelerar inversión y servicio público
Una cuarta propuesta es fortalecer los Acuerdos Regionales de Inversión (ARI) para mejorar la coordinación a nivel nacional, comunal y regional y que los procesos de evaluación sean proporcionales.
Fortalecimiento del servicio público es la quinta medida, con una agenda de mejoras en el empleo público para, entre otras cosas, diferenciar cargos de Alta Dirección Pública (ADP), cargos de confianza y los cargos permanentes. Adicionalmente, se separarán del ciclo político los cargos de segundo nivel jerárquico vía ADP.
También se creará un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas para identificar a los propietarios finales de las empresas y fundaciones activas en Chile, que será administrado por el Servicio de Impuestos Internos (SII). La séptima medida es fortalecer el gobierno digital y la octava formalizar y fortalecer la Auditoría Interna del Estado.
Responsabilidad fiscal
Adicionalmente, se propone reactivar la discusión del proyecto de responsabilidad fiscal, reforzando el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y mejorando los mecanismos para gestionar las finanzas públicas en situaciones de emergencia.
Otro compromiso es aumentar la eficiencia en la administración de las compras y transacciones de bienes raíces del Estado.
La idea número 11 es mejorar la gestión de activos y pasivos financieros del Gobierno, buscando minimizar la existencia de fondos improductivos y maximizar el rendimiento financiero de los instrumentos.
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