La fecha está fijada. Este lunes, el gobierno ingresará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que ajuste y elimina algunas exenciones y tratamientos tributarios especiales, iniciativa con la que busca recaudar US$ 1.600 millones para solventar el aumento de la cobertura del Pilar Solidario.
El anuncio, dado a conocer por el Presidente Piñera el lunes desde su gira por Europa, sorprendió a varios en el sector privado, pese a que había sido tema de conversación informalmente con fuentes de La Moneda y Hacienda en los últimos meses.
Aquello llevó a que las dirigencias empresariales de los gremios que componen la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) reactivaran a sus comités de expertos, poniéndolos en una suerte de "estado de alerta" para analizar "con lupa" la propuesta legislativa.
Diversas fuentes aseguran que es altamente probable que el mismo lunes se reúna el comité tributario de la multigremial para entregar una visión técnica de la iniciativa y así dar una "bajada" a las presidencias de rama, dada la posibilidad de que se incorporen modificaciones que afectarán en forma diversa a cada sector.
El comité es presidido por el abogado Christian Blanche y cuenta con representación de expertos de cada asociado a la CPC. Entre estos se cuentan a Luis Felipe Ocampo por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Christian Aste a nombre de la Cámara Nacional de Comercio (CNC); Francisco Costabal por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami); Patricio Arrau, Rodrigo Mujica y Eduardo Torretti representando a la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); Juan Sutil, Fernando Alvear y Javier Irarrázaval por la CPC; Camila Ramos, Javier Hurtado, Gonzalo Bustos, Loreto Pelegrí, Mario Silva, Luis Catrilef, Benjamín Bernstein, Trinidad González, Carlos Boada, Hernán Gutiérrez, Magdalena Brzovic y Tomás Kovacevic
El delicado balance entre gradualidad, actividad y recaudación
Hay dos ajustes que entre los privados asumen como un hecho, pero que a su vez preocupan a la construcción y a la banca: una restricción al crédito especial de IVA a la construcción y el denominado artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), que determina que las ganancias de capital en instrumentos bursátiles líquidos están exentos de impuesto a la renta.
Ambos temas fueron incorporados en una primera propuesta del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, a la oposición en mayo, en el marco de las negociaciones por los "mínimos comunes".
Por el lado de la construcción, la preocupación viene dada por el efecto que podría tener en los valores de desarrollo y posterior venta de los inmuebles, justo en un momento en que el Banco Central comenzó a aumentar la tasa de interés a un ritmo más acelerado de lo pensado, tendencia que se consolidará hacia mediados del próximo año. A esto se suma el efecto de la mayor liquidez en las tasas de mercado, que ya se han traspasado al costo de financiamiento de los créditos hipotecarios. En abril, Hacienda calculó en US$ 669 millones el valor de este tratamiento diferenciado.
También, preocupa que se restrinja el beneficio para las viviendas DFL-2, que permite que las rentas por arriendo estén exentas. Hacienda incluiría esta medida en el proyecto final, con un costo de US$ 354 millones.
Mientras que por el lado de la banca, preocupa que la restricción del artículo 107 pueda reducir la liquidez del mercado financiero, ya presionado por las masivas ventas de papeles y bonos de las AFP para cumplir con los pagos de los retiros de fondos previsionales. ¿Cuál es el costo fiscal de mantener este beneficio? Según Teatinos 120, US$ 351 millones este año.
Otro de los focos del mundo financiero es que se determine que los Fondos de Inversión Privados (FIP) tributen como contribuyentes de Primera Categoría, propuesta que ha empujado la oposición y que Hacienda analiza incluir en la propuesta final.
En mayo, el Ejecutivo también propuso ajustes al impuesto a los bienes suntuarios (de lujo), además de ampliar la duración del impuesto sustitutivo al FUT y reabrir una ventana transitoria y voluntaria de registro de capitales en el exterior similar a la de la reforma tributaria de 2014.
Según un reporte del Servicio de Impuestos Internos (SII), el denominado gasto tributario -aquello que deja de percibir el Fisco por tratamientos diferenciados en materia de impuestos- asciende a US$ 7.843 millones este año, de los cuales US$ 3.689 millones son exenciones. La mayoría (US$ 4.758 millones) corresponden a las partidas del impuesto a la renta, mientras que US$ 3.068 millones al IVA.
Qué esperar
El presidente de la Sonami, Diego Hernández, manifesta que mirarán con atención el eventual ajuste al régimen de renta presunta, que permite a contribuyentes de rubros como el transporte, la minería y la agricultura tributar en base a sus ingresos presuntos, no efectivos. Todo esto considerando que fue una de las sugerencias de la comisión de economistas convocada por Hacienda y que entregó su informe en enero.
"Entre las medidas propuestas, por la comisión, se consulta la eliminación de la renta presunta, que en el caso del sector minero, pueden optar aquellos contribuyentes con ventas anuales que no excedan de UF 17.000. Al respecto, consideramos que la supresión de esta norma, establecida en el artículo 34 de la ley de impuesto a la renta, sea gradual", señala.
El timonel de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, plantea que "a priori" toda medida que apunte a financiar una política pública a costa del retiro de exenciones para las Pymes "no hace más que debilitar a las empresas de menor tamaño, que han sido las más golpeadas en esta pandemia". Además, recuerda que la exención "más importante" para el sector es la introducida por la reforma tributaria de 2020 en relación a las Pymes y sus nuevos regímenes tributarios. "Esta exención en particular ni siquiera ha cumplido 5 años y sus efectos están lejos de verse", señala.
Mientras que el mandamás de la CNC, Ricardo Mewes, expone su acuerdo en revisar el régimen de rentas presuntas, "resguardando no afectar a determinados contribuyentes para los cuales constituye una herramienta muy útil para el desarrollo de sus actividades", como la agricultura, minería, transporte y contribuyentes estructurados como empresarios individuales y sociedades de personas.
También, apunta a "restringir" a quienes no sean controladores ni inversionistas institucionales el beneficio relativo a las ganancia de capital en acciones o cuotas con presencia bursátil y revisar el crédito del impuesto específico al diésel.
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