La discusión tributaria ha transitado en los últimos días desde la arena técnica a la política. Desde la semana pasada, el Ministerio de Hacienda ha iniciado contacto y agendado reuniones con una serie de bancadas de partidos con representación en el Congreso para conversar los ejes del proyecto de reforma de impuesto a la renta, que el Ejecutivo ingresará a discusión parlamentaria a fines de este mes.
A inicios de semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con las bancada del Frente Amplio (FA), del Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD). El viernes, hizo lo mismo con el partido Demócratas y este martes se reunirá con la Democracia Cristiana (DC) y el miércoles con el Partido Comunista (PC).
En la cita del viernes, la tienda presidida por la senadora Ximena Rincón le hizo entrega a la autoridad de una propuesta de 13 páginas para retomar el crecimiento económico a través de un sistema tributario con varios incentivos.
En la cita, a la que llegó Rincón con sus asesores económicos y tributarios Jorge Selaive, Felipe Bravo, Medardo Lagos y Guillermo Yáñez, y en la que también participó la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; la parlamentaria expuso que Chile enfrenta un "deterioro fiscal, institucional y social que requiere medidas urgentes" para fortalecer la competitividad, aumentar la eficiencia gubernamental, garantizar el bienestar y la seguridad de los chilenos.
"Necesitamos que Chile vuelva a crecer como en décadas anteriores y volver a atraer la inversión al país. Sin seguridad, ninguna reforma en lo económico, social o migratorio tendrá efecto, por lo que hacemos un llamado a redoblar esfuerzos del Estado de cumplir su principal función: proteger a la ciudadanía del crimen organizado. Además, de mirar con cuidado cualquier regularización migratoria masiva, anteponiendo los intereses de Chile y reforzando la seguridad para evitar consecuencias negativas", señala el documento entregado a las autoridades de Hacienda.
DL-600, contribuciones y sistema de renta
La propuesta se divide en tres secciones: ingresos fiscales y sistema tributario, solvencia del Estado y buen funcionamiento de la economía, y austeridad fiscal y control del gasto.
En la primera sección, se plantea la necesidad de simplificar el sistema tributario y aumentar la facilidad para el cumplimiento del pago de los impuestos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Asimismo, se propone ampliar la base de contribuyentes que pagan impuesto personal, pero con compensaciones, como por ejemplo un impuesto negativo al ingreso de quienes tengan rentas más bajas y evitar "saltos bruscos" en los tramos de tasas.
También, en este mismo apartado se plantean medidas para reactivar la economía y desincentivar la informalidad, como por ejemplo condicionar el acceso a beneficios sociales a que el contribuyente esté formalizado; reintegrar el sistema impositivo, dando la posibilidad de que un 100% de lo pagado a nivel de empresa pueda ser descontado en el impuesto personal de los socios; subsidio a las tasas de interés para créditos hipotecarios y que el gasto en vivienda pueda ser deducible de impuestos; y reestablecer el DL-600, derogado en 2014 y que establecía un período de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión y, de esta manera, incentivar la actividad económica productiva.
También, se ponen sobre la mesa medidas para aliviar la carga fiscal para contribuyentes, como por ejemplo reducir el impuesto corporativo a entre un 23% y 25%; eliminar o reducir contribuciones para adultos mayores que habiten su vivienda principal; e implementar subsidios directos a la natalidad supeditados a la formalización de las personas, entre otras ideas.
En el apartado solvencia del Estado y buen funcionamiento de la economía, se plantea garantizar la independencia financiera de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y los consejos consultivos; permitir que los Gobiernos Regionales propongan estímulos a la inversión, consumo o ahorro mediante ajustes tributarios acordados con Hacienda; ampliar el alcance de la Ley de I+D para fomentar la innovación, especialmente en PYME; y aumentar el límite máximo de beneficios tributarios por contribuyente de 15.000 UTM.
Reducir ministerios
Mientras que en austeridad fiscal y control del gasto, Demócratas apunta a reducir de 25 a 17 los ministerios, con un ahorro proyectado sobre US$ 544 millones; priorizar el gasto "eficiente" en sectores clave como educación, eliminando duplicidades y ajustando prioridades presupuestarias; eliminar funciones similares entre los Gobiernos Regionales y las Delegaciones Presidenciales; implementar planes de reducción de costos y estrategias para revertir pérdidas en empresas estatales como Codelco, Enami y TVN; exigir descripciones claras de funciones y objetivos medibles para renovaciones de contratos de funcionarios públicos; publicar un registro completo de trabajadores públicos y contratados por el Estado; establecer estándares "estrictos" de rendición de cuentas para entidades receptoras de financiamiento estatal; instalar escáneres fijos en puertos y fortalecer la coordinación entre Aduanas y la Armada; y reducir los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales, actualmente de 6,6 años, con un impacto positivo del 0,24% del PIB anual.
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