El Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentra en pleno proceso de implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario, instrumento legal que le entrega nuevas herramientas para fiscalizar a los contribuyentes, con el objetivo de reducir la evasión y la elusión.
Y esto no solo respecto a las operaciones de empresas y personas en Chile, sino también en el exterior.
La legislación chilena, de hecho, establece una serie de mecanismos que permiten al organismo periciar los negocios de contribuyentes locales fuera del país. Uno de los principales son los denominados precios de transferencia.
Estos se refieren a los valores pactados entre compañías pertenecientes a un mismo grupo empresarial y/o con empresas domiciliadas en un régimen fiscal preferencial (o también conocido como paraísos fiscales) para el intercambio de bienes y servicios tangibles o intangibles y la prestación de servicios.
El valor de dichas transacciones deben fijarse bajo el principio de libre competencia, ya que tienen incidencias sobre el pago de impuestos de ambos contribuyentes.
La Ley de Cumplimiento Tributario endurece el control a estas operaciones. Por ejemplo, se establece que bajo ciertas condiciones, el SII podrá impugnar, tasar y revalorizar los precios de transferencia -con las implicancias que derivan en el pago de más impuestos-, además de establecer una definición clara de conceptos hasta el minuto ambiguos, como “valores normales de mercado”. Una transacción que no cumpla con esta definición puede ser cuestionadas por el fiscalizador.
También se incluye la posibilidad de que el SII revise las reestructuraciones empresariales cuando el traslado de funciones, activos o riesgos ocurren desde el exterior hacia Chile.
Entre el pasado 22 de noviembre y el viernes 6 de diciembre, el SII publicó en consulta el borrador de la circular que aplica los cambios a los precios de transferencia, radicados en el conocido artículo 41 E para el mundo legal y tributario. La ley establece que los cambios entraron a regir el primero de noviembre.
El director de Tax Capital Advanced y partner de TPC Group Latam, Juan Alberto Pizarro, explica que los precios de transferencia se han transformado en una herramienta “clave” de la autoridad fiscal para promover y fiscalizar el cumplimiento tributario.
“Los cambios que trae consigo la ley de Cumplimiento Tributario en esta materia, alineándose con las directrices de la OCDE y una mayor sintonía con los riesgos y estrategia de los negocios, implica una revisión de las empresas a sus políticas de precio de transferencia e instaurarlas si aún no las tiene”, señala.
Altos montos
Los datos más recientes del SII revelan el millonario volumen de las operaciones de precios de transferencia declaradas por los contribuyentes chilenos: en 2023, 4.288 contribuyentes llenaron la declaración jurada 1907 sobre precios de transferencia, un aumento de 5% respecto al año previo.
Ahora, mirado en montos, estas transacciones representaron US$ 126.199 millones ($ 123.044.168 millones), una caída de 27% en relación a lo informado en la Operación Renta del ejercicio anterior.
Para hacerse una idea, esta cifra representa cerca de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que hoy ronda los US$ 320.000 millones aproximadamente.
La mayoría de las operaciones en el exterior entre empresas relacionadas se explican por ventas de bienes producidos, compras de bienes terminados, la venta de bienes adquiridos, los ingresos por instrumentos financieros, la enajenación de acciones o venta de derechos sociales, y otros tipos de ingresos, revelaron los datos del SII.
Por sector económico, el comercio lideró en la cantidad de declaraciones juradas presentadas ante la autoridad tributaria, seguida del rubro de los servicios financieros y de administración, y la industria manufacturera cerrando el podio.
Como se podría esperar, cerca de la mitad de las declaraciones fueron presentadas por contribuyentes en la jurisdicción Metropolitana Santiago Oriente.
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Sebastian Valdenegro
