El debate sobre cambios a las exenciones tributarias y regímenes especiales no ceja. El lunes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, abordó los llamados a enviar un proyecto de ley para eliminar y ajustar beneficios fiscales, luego de que al asumir el cargo a fines de enero señalara que el tema no es prioritario en el corto plazo.
En la comisión de Hacienda del Senado, el secretario de Estado le comunicó a los parlamentarios que buscará reactivar el tema, luego de los informes con recomendaciones de la OCDE, el FMI y los 16 economistas convocados por su antecesor en el cargo, Ignacio Briones.
De hecho, precisó a los senadores que en el próximo Informe de Finanzas Públicas de abril dará a conocer el resultado de un trabajo entre la cartera, el SII y la Dipres para cuantificar el costo para el Fisco del denominado gasto tributario.
Alejandro Micco exsubsecretario de hacienda. Hernán Frigolett extesorero general de la república. Álvaro García exministro de economía.
“Eso va a ser bueno para la discusión. Yo entiendo que hay un acuerdo político, que obviamente nosotros vamos a refrendar, es un acuerdo del gobierno y, en ese sentido, nosotros vamos a seguir adelante”, señaló el ministro al respecto.
La última cifra dada a conocer por el SII -2019- cuantifica el gasto tributario en más de US$ 9.000 millones al año.
En la cita, afirmó que la segunda etapa del trabajo de la comisión de 16 economistas -que es diseñar una hoja de ruta tributaria de largo plazo- probablemente tome “un tiempo más”.
Nueva propuesta
Justamente este último tema es parte de lo que aborda un documento elaborado por la comisión tributaria de Unidad Constituyente -PS, PPD, DC, PR, Ciudadanos y PRO-, con los lineamientos de un nuevo sistema impositivo para las próximas décadas.
“Este esfuerzo persigue como meta lograr una futura reforma tributaria integral, que incremente gradualmente la recaudación hasta llegar a un aumento de, al menos, 5 puntos del Producto, incluida seguridad social”, señala la minuta del equipo integrado por Alejandro Micco y Félix Luque por la DC; Rodrigo Valdés y Alvaro García por el PPD; Guillermo Vásquez y Sergio Villegas por el PR; Hernán Frigolett y Lía Arroyo por el PS; Patricio Medina por el PRO, y que contó con la colaboración de Juan Pablo Cabello, Pedro Castro, Michel Jorratt, Alfredo Ugarte y Carlos Boada.
Los expertos señalan que las medidas tributarias que se implementen deben considerar el potencial impacto en el mercado laboral -aún en proceso de recuperación- y guiarse por cinco principios.
Uno es la suficiencia a través de aumentar los ingresos permanentes para fortalecer la capacidad del Estado para entregar bienes públicos; el segundo es la equidad vertical, para que los grupos de mayores ingresos contribuyan más, con mayores impuestos directos; y el tercero es que sea prodesarrollo sostenible, o sea que el sistema facilite el emprendimiento y minimice las distorsiones, por lo que los autores piden compensar la alta incidencia del impuesto corporativo en la recaudación total con aumento de otros tributos, como los personales, a las rentas del capital y la eliminación de exenciones.
Un cuarto principio es la eficienca y la equidad horizontal, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad tributaria para perseguir la evasión y elusión; y por último, se realza el concepto de descentralización, para aumentar los ingresos de los gobiernos regionales y municipales.
"El análisis de la estructura tributaria y estudios de rendimiento comparado, muestran que en Chile hay un déficit de contribución a la recaudación de los hogares de mayores ingresos en lo que respecta a sus impuestos personales. En ese contexto se han evaluado opciones de mejorar los algoritmos existentes, así como la de incorporar nuevos tributos, estos pueden ser a las rentas del capital o al patrimonio, pero siempre con un enfoque de maximizar la recaudación permanente cautelando minimizar las distorsiones que puedan afectar a la inversión", señalan Micco, Frigolett y García, quienes ofician como voceros de la propuesta.
Medidas de corto plazo
En lo más coyuntural, los expertos apuntan a eliminar beneficios fiscales como la exención de IVA a las constructoras -que equivale a US$ 600 millones-; que los fondos de inversión privados pasen a ser contribuyentes de Primera Categoría; eliminar la renta presunta con un período de transición y luego de analizar si es el mejor mecanismo solo para un segmento específico (como microempresas); terminar con los beneficios del DFL2 -no pago de impuesto por su arriendo y a la herencia, además de contribuciones reducidas; y eliminar la exención del impuesto a los retiros de los excedentes de libre disposición al momento de hacerse efectivo.
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