El gobierno anunció una serie de medidas administrativas y legales para enfrentar las irregularidades y delitos detectados en el marco del caso Convenios, donde se investiga el mal uso de recursos públicos. Entre las medidas, destaca un instructivo del Ministerio de Hacienda que instaura la obligatoriedad de exigir boletas de garantía por cada convenio que involucre la entrega de recursos fiscales.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que esta tarde se enviará a todo el sector público el instructivo “referido a convenios que se celebren para transferencias corrientes y de capital desde el servicio público, reitera normas existentes y las complementa con factores de riesgo que se han identificado en eventos conocidos en las últimas semanas”.
Entre las medidas del instructivo, se cuentan la obligación de utilizar el sistema de rendición de cuentas electrónica de la Contraloría, establece la obligación de exigir garantías en todos los convenios que se celebren sea para que cubran una parte significativa de los riesgos, la obligación de acreditar antigüedad y experiencia en el ámbito en que se suscribe el convenio.
Asimismo, apunta a acreditar el objeto social de la institución y que esté alineado con el propósito del convenio, limitar la subcontratación solo en aquellas tareas anexas al objetivo fundamental del convenio, y obligatoriedad de inscribirse en el registro de colaboradores del Estado.
También se prohíbe el fraccionamiento, es decir, que se divida un convenio en acuerdos más pequeños por montos menores buscando evitar las exigencias a las normas de transparencias.
Se precisa que en caso de existencia de convenios previos se agrega la obligación de acreditar la rendición de cuentas, exigir la restitución de recursos no utilizados; y obligación de hacer las transferencias de acuerdo al avance de la ejecución.
Marcel, en el marco del programa Gobierno Informa, afirmó que a los gobernadores regionales se les hacen aplicables todas estas instrucciones.
Registro de beneficiarios finales
El ministro también anunció que se está preparando un proyecto para identificar a los beneficiarios finales de los recursos del sector público o suscripción de convenios con el Fisco, donde se busca establecer la obligatoriedad de que todo contribuyente o entidad que reciba recursos públicos debe entregar información sobre personas naturales que son beneficiarios finales.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, sostuvo que “Chile ha sido testigos de actos de corrupción graves que dañan a los chilenos que deben recibir financiamiento de diversos servicios públicos” y que ante “abusos y la intervención de inescrupulosos, el Ejecutivo considera que esto no puede seguir así, es intolerable, por eso ha decidido actuar con decisión para enfrentar esas irregularidades, para que no sigan ocurriendo ahora ni en el futuro”.
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