Caso Convenios: Informe de Contraloría estrecha el cerco en torno a Democracia Viva y complica situación de ministro Montes

Mientras en la Cámara de Diputadas y Diputados avanza lentamente el trabajo de la comisión investigadora de los casos de convenios irregulares entre entidades de Gobierno y distintas  fundaciones -que estalló a raíz de los convenios entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD)-, la Contraloría General de la República, liderada por Jorge Bermúdez, ya dio pasos importantes en su tarea de fiscalización.

Así lo reveló este jueves por la noche, un reportaje exclusivo de 24horas que difundió el informe completo de la Contraloría sobre el caso Democracia Viva.

Algunos de los principales resultados del informe final de avance de la investigación especial sobre las transferencias efectuadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios dan cuenta de las irregularidades cometidas en la realización de los convenios, que no dejan mucho espacio para dudas acerca de las infracciones cometidas.

Según las conclusiones del documento de 86 carillas, en materia de controles internos, la fiscalización da cuenta de irregularidades en la asignación de los convenios. El documento detalla la falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa de Asentamientos Precarios; la asignación directa de las iniciativas de inversión a entidades ejecutoras; falta de antecedentes que dan cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto, que fundamentan el monto de las transferencias; falta de exigencia de los planes de trabajo y personas contratadas por fundaciones que se desempeñan en dependencias del Serviu o de la seremi de Vivienda de Antofagasta.

En lo que respecta a las transferencias efectuadas a Democracia Viva, el documento detecta falta de motivación del acto administrativo que aprueba los convenios de transferencia; también sobre el objeto de la fundación y su falta de experiencia en las iniciativas encomendadas; sobre el deber de abstención y vulneración al principio de probidad; sobre la separación de las iniciativas en distintos convenios; persona contratada por la Fundación Democracia Viva que se desempeñaba en dependencias de la seremi de Vivienda de Antofagasta; sobre los planes de trabajo de las actividades a ejecutar por la Fundación Democracia Viva; la falta de determinación por parte de la seremi del Ministerio de Vivienda y del Serviu de las prestaciones específicas a realizar por la receptora; falta de exigencia oportuna del plan de trabajo general y falta de cumplimiento de la fecha de entrega del plan de trabajo.

Tras lo cual, el documento establece que el informe será puesto en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado “para conocimiento y fines que en derecho correspondan”.

Instan a Montes a renunciar

Conocida la información algunos parlamentarios expresaron su malestar y la preocupación por la gravedad de los alcances del informe. Uno de ellos fue justamente el presidente de la comisión investigadora de los convenios irregulares, el RN José Miguel Castro, quien destacó no sólo la gravedad del documento de la Contraloría, sino también del hecho de que el propio ministro de Vivienda, Carlos Montes, haya asistido el pasado lunes a la instancia y “no nos haya entregado gran parte de estos informes, que podría o debería haberlos sabido”.

Es por ello, adelantó, que lo volverán  a citar y le preguntarán acerca del contenido del informe y fue categórico en que “el ministro Montes debe entregar esta información a la comisión y también, creo yo, que debería hacer una introspección y pensar si mantenerse o no en el cargo”.

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana calificó el informe de “lapidario” y recalcó que confirma que “estábamos frente a una verdadera asociación ilícita que, simplemente, se juntó para defraudar al Fisco y a todos los chilenos y esto es un modus operandi”, ya que no sólo ocurrió en Antofagasta, sino también en otras regiones del país.

De ahí que coincida con Castro en que “es la hora de que el ministro Montes dé un paso al costa. Él es el responsable político en este verdadero desfalco”.