Por Rodolfo Carrasco
El gobierno presentará una querella criminal contra todos quienes resulten responsables de los delitos de fraude al fisco y violación de secreto, en el marco del proceso de eventual sobreprecio en la licitación de densímetros y fibroscopios para el plan Frontera Norte, según informó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que será representado a nombre del gobierno en la causa por el abogado Luis Hermosilla.
El profesional informó que “no estamos imputando directamente a nadie, lo que estamos haciendo es recoger toda la información existente y entregarla al Ministerio Público, para que evalúe y esclarezca los hechos. Aquí se tiene que investigar todo, un proceso de licitación en que hubo elaboración de bases, comisión evaluadora, es decir, un proceso completo”.
Agregó que se revisarán todas las licitaciones ya adjudicadas en el plan Frontera Norte y que se detuvo una en proceso que aún no había sido adjudicada. Asimismo, sostuvo que Ubilla es una “víctima” de personas que “traicionaron su confianza, él es el jefe del servicio, pero esto se realizo sin su conocimiento”.
Cabe señalar que ya fueron requisados por parte de Investigaciones cinco computadores de igual número de funcionarios de la subsecretaría que tienen relación con el proceso. El viernes pasado renunció el jefe de División de Estudios del Ministerio del Interior y ex fiscal, Alejandro Peña, a cargo del proceso de licitaciones y ayer fue cesado en el cargo el ingeniero Felipe Baeza, encargado de la cuestionada licitación de equipos antidrogas.
Baeza sostuvo que “la verdad es que estoy muy tranquilo, doy gracias de que esto está en poder de la fiscalía”, tras sostener un breve encuentro con el subsecretario Ubilla luego de regresar de Europa explicó que “estaba de viaje y tenía ya la decisión tomada desde el viernes pasado. A través de e-mails, el subsecretario del Interior el día de ayer me solicitó la renuncia, pero ya era una decisión que tenía tomada con anticipación”.
Explicaciones al Congreso
Ubilla también se reunió con los diputados DC, Jorge Burgos, Gabriel Ascencio y Ricardo Rincón, para analizar los antecedentes relativos a la cuestionada licitación e informó que concurrirá este miércoles a la Cámara de Diputados “a dar cuenta de lo sucedido y entregar toda la información disponible hasta el momento”.
Junto con afirmar que no renunciará afirmó ser “víctima de personas que traicionaron su confianza y la del país”. Ubilla sostuvo que “de demostrarse que existen relaciones espurias entre funcionarios y empresas en esta licitación, somos todos víctimas de una situación que hay que clarificar. Desde el primer momento nosotros hemos llevado el protagonismo en esta investigación”, dijo, asegurando que la cartera ha actuado con plena transparencia, una vez que fuera dado a conocer el caso por Ciper Chile.
Sin embargo, el diputado Ascencio afirmó que “hay mucha gente en el gobierno que se fue por menos” en alusión al ex subsecretario de Minería y que hay que determinar si lo sucedido es “simple negligencia o es un hecho de corrupción” de funcionarios que trabajan en el gobierno.
Los diputados DC concurrieron también a reunirse con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien al término del encuentro sostuvo que el caso “está a cargo de la Fiscalía Centro-Norte, con un equipo especializado en corrupción y en delitos funcionarios, que es como califica esto. Está bien y suficientemente investigado por el momento, si es necesario apoyarlo y reforzarlo en algún momento se va a hacer” y que se sancionará “a quien sea” responsable.
Los partidos de la Alianza respaldaron a Ubilla en el comité político, donde el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, explicó los detalles del caso. Sin embargo, quedó claro que si en el marco de la investigación en curso se comprueba “que no fue solo una metida de patas sino que también de manos” -como dice un asistente a la reunión- y se acredita que hubo pago de comisiones a funcionarios públicos, la situación cambia y podría afectar la permanencia del subsecretario en su cargo, porque deberá asumir su responsabilidad política.
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