Un positivo balance de los logros de sus primeros meses la cabeza del Servicio Civil y del Consejo de Alta Dirección Pública (ADP) hace Solange Garreaud. Con más de 20 años asesorando en materia de gestión de personas a organizaciones del sector público y privado, la ingeniera comercial de la Universidad de Santiago destaca los pasos dados por la entidad para adaptarse a la era digital y, de esa manera, mantener la selección de personal del Estado en medio de la pandemia; y, al mismo tiempo, para incorporar más mujeres al sector público.
Pero en este segundo ámbito, reconoce, "todavía falta mucho por mejorar".
A juicio de Garreaud, Chile necesita "más liderazgos femeninos, enfocados en las personas; participativos y colaborativos. Como decía el eslogan de la campaña que lanzamos como Servicio Civil el año pasado para promover las postulaciones de mujeres a cargos ADP y a cargos de directivos en general: "Somos Poderosas y capaces de cambiar el mundo".
En 2020, específicamente, el 23% de las postulaciones a cargos ADP correspondió a mujeres y se adjudicaron el 30% de los nombramientos. "Eso quiere decir que la tasa de efectividad es mayor que la de los hombres", dice la directiva.
De hecho, del total de nóminas ADP de Primer nivel que incluyen candidatas, en el 71% de los casos, ellas fueron designadas en el puesto requerido.
En suma, en la actualidad, el 31% de los cargos seleccionados a través del sistema ADP son ocupados por fuerza laboral femenina.
Esto se da en un contexto, como destaca Garreaud, donde el Estado es el principal empleador de mujeres en el país y, por lo mismo, "tiene el desafío de actuar en pro de la igualdad. Como Servicio cumplimos un rol de rectoría en materia de gestión y desarrollo de personas, tendientes a mejorar la calidad del empleo público y a disminuir las brechas de género y salariales".
Según el último informe anual de empleo público elaborado por la Dirección de Presupuestos, la participación de mujeres en el Gobierno Central alcanzó en 2019 a un 60%, cifra que contrasta con el peso que se observa en el resto de la economía, que llegó a un 42% ese mismo año, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Y, aún más, entre 2013 y 2019 las funcionarias profesionales aumentaron, además, del 40% al 45%.
Cifras consolidadas
La directora del Servicio Civil explica que el año pasado, pese a la pandemia, se realizaron 304 concursos, cifra que es incluso mayor al promedio para un tercer año de gobierno: 51 de primer nivel y 253 de segundo nivel. Además, hubo 49 mil postulaciones y 255 nombramientos.
En esta tarea, precisa que lograron reducir los costos de los procesos de selección en un 27% respecto al año anterior y rebajar, además, los tiempos de duración de los concursos a 69 días en promedio.
Junto con ello, en los últimos años, debido a los altos estándares exigidos, Garreaud dice que ha mejorado también el perfil de los altos directivos. "Es decir, el Sistema de Alta Dirección Pública ha contribuido a atraer talento y capital humano de alto nivel al mundo público", subraya.
La directiva valora la contribución de la entidad a la modernización del Estado al indicar que en 2004, la ADP inició su funcionamiento con solo 680 cargos y, en los últimos años, producto de su reconocimiento y validación, ha ido expandiendo sus fronteras y ámbitos de acción, alcanzando a casi 5.000 cargos que utilizan la ADP como mecanismo de selección directiva en base al mérito.
Transformación digital
Garreaud señala que la crisis sanitaria ha sido una "prueba de fuego" para el Estado "en términos de buscar la forma de mantener la continuidad de sus servicios y los obligó a una "urgente" transformación digital.
Para cumplir con estos desafíos, el Servicio adaptó su accionar y hoy los concursos de Alta Dirección Pública están con el 100% de su operación digitalizada; todas las evaluaciones se hacen a través de plataformas digitales, contribuyendo con esto a darle continuidad a la operación y resguardando la salud de los candidatos y de todos quienes participan en el proceso de selección ADP.
Otra tarea relevante, dice, es "el teletrabajo que forma parte de un cambio o modernización del mundo laboral y, como Estado, no podemos quedarnos atrás. Por eso, el anteproyecto de ley sobre modernización al empleo público, que se enmarca en esa agenda de Modernización del Estado y contempla justamente entre sus propuestas colocar al Estado en la vanguardia y conciliar, eficiencia, trabajo y vida personal y familiar".
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