Luego de la presentación del proyecto que busca eliminar el CAE este martes, desde los centros de estudios rápidamente sacaron la lupa para desglosar el anuncio del Gobierno.
A pesar de que aún falta el informe financiero de la iniciativa que prontamente debiera ingresar al Congreso, su costo “a todas luces será alto”, planteó el investigador de educación de Horizontal, Santiago Montiel.
En esa línea, el economista sostuvo que “destinar los escasos recursos fiscales a condonar la deuda de la educación superior es poner el foco en el lugar equivocado”.
“Es claro que, si no son los estudiantes, entonces alguien tendrá que soportar el mayor costo de los beneficios anunciados. Por un lado, es posible que sea el Fisco, quien deberá subsidiar el nuevo sistema, destinando recursos que bien podrían tener un uso alternativo en las numerosas necesidades sociales que enfrenta el país”, señaló, a su vez, la coordinadora del programa social de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola.
Sobre el proceso de condonación parcial, la analista opinó que considerando la alta morosidad del CAE en la actualidad y las nulas consecuencias que ello tiene para los deudores, “es difícil creer que estos quieran cambiarse a otro sistema que, al menos en el papel, les obligaría a volver a pagar”.
Las otras dudas
El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, declaró que “la pregunta de fondo es si el nuevo sistema FES es económicamente más eficiente que el actual sistema del CAE”.
Ortiz postuló que al ser un fondo que se alimentará de los pagos de los egresados y cuyo uso de recursos se destinará a nuevos alumnos que obtén por la educación terciaria, la pregunta es el calce de dichos flujos en el tiempo, es decir, si es un sistema sostenible o si tendrá que ser viable vía transferencias fiscales a través del tiempo.
Sobre el FES, Montiel aseguró que “probablemente, desde un punto de vista financiero, los planteles de educación superior se verán perjudicados”. Arzola complementó que, “tal como con la gratuidad, estos quedarán sujetas a los aranceles fijados por el Estado, verán una merma en sus ingresos, una amenaza a su equilibrio financiero y a su capacidad de crecer e innovar”.
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