La seguridad pública ha sido el tema que ha concentrado mayoritariamente la agenda del Presidente de la República, Gabriel Boric, en los últimos meses, solo interrumpida por los incendios forestales.
Por lo mismo, desde el entorno del mandatario sostienen que ya es tiempo de comenzar a ampliar sus apariciones con otros hitos relevantes para la actual administración que son compromisos de campaña.
Lo anterior comenzará a tomar forma esta semana, cuando se comenzará a desplegar por parte del mandatario y gran parte del gabinete una agenda de tres pilares: el proyecto de ley que reduce a 40 horas la jornada laboral semanal, la nueva Política Nacional del Litio, y el royalty a la minería.
De hecho, esta mañana Boric se reunió con la titular del Trabajo, Jeannette Jara, en La Moneda, en la jornada previa de la votación de mañana martes en la sala de la Cámara de Diputados de la normativa que reduce la jornada laboral, la cual todo indica tendrá un amplio respaldo en su último trámite legislativo.
Jara señaló que mañana espera “tener un gran respaldo y que sea ley antes del 1 de mayo”, enfatizando que la normativa se ha tramitado por más de cinco años y precisando que la norma contempla una gradualidad de hasta cinco años para entrar en régimen.
Al Congreso se espera que asistan varios ministros, como la vocera Camila Vallejo, una de las impulsoras de la norma desde que era parlamentaria y asociaciones de trabajadores estarán en tribunas de la Cámara Baja. Luego viene un despliegue para difundir en todo el país los alcances de la normativa y finalmente se promulgará en las próximas semanas antes de finalizar abril.
En paralelo esta semana también existirá otro hito importante para el gobierno: la aprobación en el Senado en la comisión de Hacienda del proyecto de royalty. La norma es seguida con atención desde La Moneda, porque es otro compromiso de campaña que puede servir para “ampliar la agenda comunicacional” del mandatario.
Hace dos semanas, la plataforma comunicacional “Gobierno Informa” justamente trató de este tema. El nuevo tributo que posee dos componentes: un impuesto ad valorem en base a las ventas de cobre de un 1%, y un componente operacional de las compañías, cuya tasa va a variar entre un 8% y un 26%. Esto va para aquellas empresas que son de la gran minería, que producen más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino, lo que involucra a 15 grandes empresas.
La tercera carta a la que el gobierno va a acudir para difundir con amplitud es la Política Nacional del Litio, proyecto comprometido para marzo, pero que debido a la contingencia por seguridad, será presentado en abril. La norma contiene la creación de una empresa estatal para explorar y explotar el mineral con participación de privados.
Ayuda económica e isapres
A esos tres ejes se sumará constantemente el mensaje de las ayudas económicas que está entregando el gobierno a las familias de sectores más vulnerables debido al alza de los alimentos. Todo justo a una semana en que reflotará la idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones, debido a que se termina el 18 de abril el año de moratoria para poder discutir proyectos de este tipo, desde que fuera rechazado el último intento en abril de 2022.
En La Moneda también tienen en carpeta el proyecto de ley de isapres, que viene a dar respuesta a los afiliados a este sistema que se puedan verse afectados por la quiebra de alguna prestadora de salud, debido a la implementación del fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores.
Vallejo adelanta discusión de impuestos mineros
La comisión de Hacienda del Senado tiene en tabla para este martes el proyecto de ley que establece un nuevo royalty para la minería. Esta tarde de lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en la previa de esa votación entró al debate y llamó a los parlamentarios a no acceder a la solicitud del Consejo Minero de reducir el impuesto.
Vallejo indicó que “el royalty minero busca generar recaudación por explotación de nuestros minerales, mañana tenemos votación en la comisión de Hacienda, hemos recibido lamentablemente una especie de resistencia del Consejo Minero, que están buscando reducir las tarifas tributables comparadas de 50% a un poco más de 40%”.
Y planteó: “¿Qué significa esta disminución de los límites tributables? Es que vamos a recaudar la mitad de lo que esperábamos, esto afectaría a municipios y gobierno regionales. Por eso nuestro llamado al Parlamento y algunos senadores es a que escuchemos más a gobernadores y alcaldes y menos al Consejo Minero, y que podamos legislar con perspectiva de desarrollo regional y redistribución de la riqueza”.
El gobierno espera que no se presenten indicaciones para bajar la tasa imponible, que es la única facultad que tienen los parlamentarios en materia impositiva, porque “a nuestro juicio la propuesta de reducción de la tasa genera un impacto negativo porque reduce la recaudación proyectada, para entre otras cosas, financiar la ley de rentas regionales”, y por eso reforzó que “esperamos que se mantenga en los mismos términos que lo presentó el Ejecutivo”.
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