Una carta de dos páginas hizo llegar hoy el gobierno, a través del ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, al timonel de la Cámara de Diputados, Iván flores, en la cual hace un reclamo formal por poner en tabla en la comisión de Trabajo el proyecto de jornada laboral de 40 horas y no respetar las urgencias que cada semana establece el gobierno.
El texto señala que "en el buen ánimo de mantener una adecuada y oportuna comunicación respecto a diversas situaciones que nos preocupan en el quehacer legislativo, quisiera hacer presente lo siguiente. En la comisión de trabajo, a nuestro juicio, no se está considerando como corresponde la prerrogativa constitucional del Presidente de la República en orden a establecer las urgencias con las cuales debe legislar la Cámara de Diputados".
Explican que "El artículo 265 del reglamento de la Cámara de Diputados dispone el orden de preferencia de la tabla tanto para la sesiones ordinarias y especiales (en este último caso también es aplicable el artículo 192 como norma subsidiaria). Dicha norma prescribe expresamente que los proyectos respecto de los cuales el Presidente de la República se les ha hecho presente la urgencia calificada de "suma", deben preferir a aquellos que no tienen urgencia en la tabla".
Sostiene el texto firmado por Blumel que "como es de su conocimiento, el día 20 de agosto se dio cuenta en la Sala de la Cámara de dos urgencias calificadas de "suma" para proyectos de ley radicados en la comisión de trabajo: se trata del proyecto de ley que adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales (Boletín No 12.826-13) y del proyecto de ley sobre modernización de la Dirección del Trabajo (Boletín No 12.827-13)".
Por lo mismo indica que "no obstante lo anterior, en la citación de la comisión de trabajo del día de hoy aparece convocado en doble sesión el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral (11179-13) iniciativa que, a diferencia de los proyectos señalados en el numeral precedente, no cuenta con urgencia alguna dispuesta por el Ejecutivo. Sin perjuicio que es el presidente de la comisión quien tiene la facultad de citar a las comisiones, creemos que el contenido de la citación no se ajusta lo presupuestado ni en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso ni en el reglamento de la Corporación".
El documento detalla además que "a mayor abundamiento, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Artículo 27), cuando se haga presente la urgencia calificada de "suma", la discusión y votación en la Cámara requerida deberán quedar terminadas en el plazo de quince días. Esto significa que tanto al momento de efectuarse la citación como a la fecha en que se realizará la sesión (2 de septiembre), los proyectos indicados se encuentran con dicha urgencia vigente la cual vence, para los efectos legales en la Cámara de Diputados, el martes 3 de septiembre".
En esa circunstancia manifestó que "por lo tanto, ambos requieren de un tratamiento prioritario según lo dispuesto en las urgencias. Creemos que la anterior situación genera una inobservancia del reglamento que nos parece necesario advertir ya que dichos proyectos a los que el Presidente de la República le hizo presente la urgencia, se encuentran citados para el martes 3 de septiembre en la sesión ordinaria de la comisión de trabajo".
La carta cierra con una solicitud al timonel de la cámara de Diputadas para que "en consecuencia, lo que cabría en esta situación por parte de la comisión sería certificar el hecho del vencimiento del plazo reglamentario interno en la sesión del lunes y proceder al despacho de los proyectos señalados para su vista en Sala o en la comisión de hacienda según corresponda. Lo anterior, antes del vencimiento del plazo de la urgencia suma vigente, situación que la presidencia de la comisión -entendemos- tampoco ha considerado omitiendo la aplicación de las normas reglamentarias vigentes. Es por lo anterior que queremos hacer presente esta situación, habida cuenta que nos consta su preocupación por el cumplimiento de la normativa constitucional y legal de la función legislativa", concluye el texto.
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