Esta semana, la Cámara de Diputados analizará en tercer trámite el proyecto de ley, originado en el Ejecutivo, que busca empoderar a los consumidores regulando el comercio electrónico.
Eso sí, hay un punto de la iniciativa que ha generado polémica y la reacción contraria de parte del Gobierno: un cambio realizado en el Senado al texto original que apunta a prohibir los descuentos asociados a determinadas tarjetas.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, lamenta ese paso que antes fue rechazado por las comisiones de Economía de ambas cámaras. "Esta medida no solamente afecta a las ofertas del retail, sino que también a todas aquellas promociones que son realizadas por restaurantes, farmacias u otros establecimientos", dice.
A su juicio, el hecho de que esta figura no quede explícita en la Ley "atenta contra los derechos de los consumidores y va en contra de la competencia".
La resistencia a que se legisle sobre ofertas asociadas a tarjetas fue planteada por el diputado independiente Karim Bianchi, quien presentó una indicación que no prosperó. Pero el senador Carlos Bianchi -su padre- pidió votación separada del artículo que permitía este tipo de ventas asociadas a tarjetas, el que no logró los votos necesarios y, por tanto, quedó fuera del articulado.
Palacios indica que los organismos especializados, como el Sernac y la Fiscalía Nacional Económica se han pronunciado repetidas veces sobre la naturaleza de esta práctica comercial, desestimando que se trate de una venta atada, "dado que el consumidor siempre puede acceder al producto o servicio, pero no al descuento".
Riesgo de sobreendeudarse
El ministro señala que como Gobierno "tenemos presente" que el uso de tarjetas de crédito sin la información suficiente para las personas "puede producir problemas de sobreendeudamiento, por lo que es indispensable avanzar en educación financiera".
De hecho, precisa que el Sernac está en una etapa de estudio para renovar la manera en que se debe entregar la información a los usuarios de este tipo de tarjetas, de tal forma de mejorar la comprensión del uso de las mismas.
Consultado si es posible que recurran a un veto o ir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar esa norma, Palacios explica que se está analizando la mejor manera de avanzar, considerando que faltan etapas en la tramitación. "Este proyecto tiene muchas medidas positivas para los consumidores, por lo que buscaremos el mecanismo más expedito para poder sacarlo adelante", dice el ministro.
Entre los aspectos centrales de la iniciativa pro consumidor, el ministro menciona el hecho de que los consumidores siempre podrán hacer uso inmediato de la garantía legal (y su derecho para pedir el arreglo o reemplazo del bien o la devolución del dinero), aún cuando exista una garantía voluntaria del proveedor; mayor transparencia e información para el ejercicio de las garantías voluntarias de los automóviles; y prohibir que las aerolíneas puedan dejar abajo del avión a un pasajero que no se presentó para usar un tramo de su pasaje, en vuelos nacionales.
Respecto de las ventas online, Palacios indicó que "existe un enorme avance al establecer que los consumidores tendrán siempre el derecho a retractarse en el caso de compra de bienes, salvo contadas excepciones. Además, se establece que los proveedores siempre deberán informar -antes de la compra- el rango de tiempo que tardará el despacho".
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