Una nueva declaración emitió hoy el Ejecutivo sobre la venta de que realizó el presidente Sebastián Piñera de las acciones que poseía en el polémico proyecto minero Dominga -en el norte del país- a comienzos de su primer mandato, en el marco de una operación que se realizó en las Islas Vírgenes, tal cual fue revelado por la investigación internacional denominada Pandora Papers.
A través de una seis preguntas, el ministerio secretaría general de Gobierno (Segegob) buscó despejar las principales dudas que ha generado el tema.
De partida, la Segegob aclara que "ninguno de los hechos mencionados en el reportaje es nuevo", pues fueron materia de la investigación que el Ministerio Público llevó adelante en 2017, a raíz de una ampliación de querella interpuesta por un diputado comunista (Hugo Gutiérrez).
Ese procedimiento, recuerdan, terminó mediante sobreseimiento definitivo dictado por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el cual estableció que los hechos no eran constitutivos de delito, acreditándose la inocencia del Presidente de la República, condenando en costas al querellante.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el sobreseimiento definitivo y la condena en costas. Luego, la Suprema declaró inadmisible un recurso de queja del querellante, quedando firme y ejecutoriada la sentencia. Todas esas resoluciones, enfatiza la minuta, fueron dictadas por la unanimidad de los jueces respectivos.
La venta de Dominga
La Moneda precisa que la forma en que se llevó a cabo la venta de Dominga y las entidades intervinientes, así como las cláusulas de pago contenidas en los contratos correspondientes, fueron antecedentes que se incorporaron a la investigación del Ministerio Público llevada a cabo en 2017. "Ello consta de numerosos correos electrónicos y documentos incorporados a la carpeta investigativa, entre los cuales puede mencionarse un correo electrónico de 5 de octubre de 2010 y un documento denominado "Acuerdo" de fecha 4 de octubre de 2010, que corresponde al contrato de venta, cuya cláusula 3.03 estipuló el saldo de precio y la condición de la cual dependía su pago", explican.
Al terminar su investigación en 2017, recuerdan que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo en la causa, determinando que los hechos objeto de la querella -incluyendo lo relativo a Dominga- no constituían delito.
¿Evasión de impuestos?
Durante el periodo en que la familia Piñera fue parte de la propiedad -de forma indirecta y como inversionistas no controladores- de Minera Dominga, la Segegob sostiene que la empresa no hizo ninguna presentación de ninguna naturaleza ante autoridades del Estado.
Hasta su venta, Minera Dominga se había dedicado a labores de exploración y a determinar la factibilidad técnica del proyecto.
De acuerdo a la información pública, se advierte que el producto de la venta de Minera Dominga en el exterior fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa controladora en Chile y se cumplió estrictamente con las normas tributarias existentes en nuestro país.
"Al devolverse a Chile los recursos de la venta, el efecto tributario de la operación es el mismo que hubiera tenido si la venta se hubiera llevado a cabo en el país", dijeron.
Según la Segegob, la sociedad propietaria de Minera Dominga se constituyó en el extranjero por parte de entidades chilenas, con el único propósito de facilitar el acceso a los mercados de capitales especializados en instrumentos emitidos por empresas mineras, como la Bolsa de Toronto.
Sobre la venta misma de Dominga, señalan que la inversión en Minería Activa Uno SpA se llevó a cabo por una sociedad de la familia del Presidente Piñera, en cuya administración éste no participa ni ha participado. "Dicha inversión no le permitía controlar a la familia del Presidente las decisiones relativas a la venta del Proyecto Dominga ni establecer las condiciones del contrato respectivo", explican.
La cuota de precio por la venta se pagó en 2011 en forma íntegra, sin que el Presidente de la República tuviera intervención alguna, toda vez que desde 2009 se apartó totalmente de la administración y gestión de su patrimonio y de cualquier empresa, aclararon desde el Gobierno.
Desde marzo de 2018, cumpliendo con la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés, los activos financieros de la familia Piñera se encuentran administrados en fideicomisos ciegos.
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