Un claro mensaje al gran empresariado envió el Presidente, Sebastián Piñera, al encabezar la ceremonia que da inicio a la entrada en vigencia de la nueva Ley Pago a 30 días, oportunidad en que manifestó que "el pago a 30 días es su obligación y quiero que me escuchen los grandes empresarios: se acabaron los tiempos en pagaban cuando querían".
Piñera, junto al ministro de Economía, José Ramón Valente, señaló que al promulgar la ley "los emprendedores pymes a partir de hoy van a tener un problema menos, saber cuándo les van a pagar" y precisó que la norma entra en vigencia en forma gradual "pero rige para todos".
El mandatario sostuvo que el pago oportuno "es una cruzada para que el sector público también cumpla" y calculó que la plena vigencia de la ley significa US$100 millones al año de mayor liquidez para las pymes".
De todas formas señaló que se encargará de hacer cumplir la nueva norma "nos hemos preocupado mucho de tener la capacidad de fiscalización de la ley. Que nadie se le vaya a ocurrir que hecha la ley, hecha la trampa. Vamos a velar para que la ley se cumpla en su letra y espíritu", enfatizó.
Aspectos centrales
La nueva ley establece un plazo certero de pago, con intereses por cada día de atraso y exigiendo las mismas condiciones de pago tanto para el sector público como el privado.
La entrada en vigencia de la ley es gradual, para que las empresas mejoren sus procesos internos, con un inicio de un periodo de 60 días que se reduce a 30 a partir de febrero del 2021.
La ley es de aplicación general, es decir, no distingue por tamaño o tipo de empresa, ni tampoco por sector. Se aplica a todas las empresas que son emisores y receptoras de facturas.
La iniciativa obliga al Estado a ser buen pagador y empareja su relación con otras empresas al también someterse, en forma gradual, a la iniciativa.
A los servicios de salud, Cenabast y Municipalidades se les aplicará la Ley a partir de junio del 2021 para que adapten sus flujos de pagos, permitiendo que en dos años equiparen al resto del sector público y privado.
Para el sector público, el plazo de pago es de 30 días corridos y se puede establecer un plazo de hasta 60 días en caso de licitación o contratos.
La guía de despacho será obligatoria y electrónica.
Además de intereses por mora, se establece el pago de una comisión fija por recuperación de pagos del 1% del saldo adeudado.
El incumplimiento sistemático de los plazos se considerará como una práctica de competencia desleal.
La ley permitirá, en casos excepcionales, que las partes puedan acordar un plazo de pago superior a 30 días, cumpliendo con condiciones que incluyen un acuerdo por escrito de que no habrá un abuso para el acreedor.
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