El actual gobierno, la oposición, la próxima administración y el empresariado condenaron enérgicamente el nuevo ataque incendiario a camiones en el sur del país, hecho que se produce en medio de las repercusiones de la Operación Huracán I y II.
El ministro del Interior, Mario Fernández, calificó como "hechos delictuales graves" lo sucedido y anunció que el gobierno presentará acciones legales contra quienes resulten responsables por los ataques.
El presidente electo, Sebastián Piñera, también se refirió a lo sucedido. A través de su cuenta de Twitter, el futuro mandatario delineó las prioridades en la materia que tendrá su gobierno: modernización de policías, reestructuración del sistema nacional de inteligencia y fortalecimiento de la coordinación entre policías, fiscales y jueces. Todo, con el fin de garantizar la seguridad de las personas.
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Por su parte, los empresarios apuntaron sus críticas al poco compromiso de la administración de la presidenta Michelle Bachelet en la materia, y a los conflictos entre carabineros, la fiscalía y el gobierno por la "Operación Huracán".
"Esto es consecuencia del fracaso de la estrategia de los poderes del Estado y las policías para solucionar el conflicto histórico que vive esa zona del país. Prueba de ello es lo que hemos visto en estos días: las instituciones que deben prevenir, frenar y castigar la violencia en el sur, no han hecho más que culparse entre ellas por lo ocurrido en torno a la "Operación Huracán", dejando espacio para que células extremistas planifiquen y perpetren ataques incendiarios en total impunidad", señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía.
"Estos ataques evidencian un escenario gravísimo de inseguridad en el país, donde el gobierno, policías y justicia están enfrascados en pugnas internas, dejando en la total indefensión a los chilenos (...) Los violentistas están festinando el patético desencuentro entre los actores llamados a hacer justicia y mantener el orden, lo que les brinda impunidad total para su acción desquiciada", afirmó el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), Fernando Raga.
Con todo, hicieron un llamado a las autoridades a tomar medidas para terminar con la violencia en el sur.
Finalmente, desde la CMPC afirmaron que pondrán a disposición de las policías y autoridades pertinentes todos los antecedentes de lo sucedido.
"A través de la violencia, perjudican no solamente maquinarias, sino que también a personas, quienes han sido intimidadas y amedrentadas por el hecho de ser trabajadores forestales, poniendo en potencial riesgo su propia vida", lamentó la empresa en un comunicado.
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