Cada fin de año, la compleja negociación por el reajuste salarial al sector público entre el gobierno y los empleados fiscales, que incluye paralizaciones de servicios que el año pasado se extendieron por casi un mes, revive un tema siempre polémico: la posibilidad de regular la negociación colectiva en el sector público y permitir la huelga de los empleados del Estado.
De hecho, avanzar en esa línea fue parte de los compromisos de campaña de la presidenta Michelle Bachelet y se incluyó en el protocolo de acuerdo firmado en 2014 entre la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y los entonces ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y de Trabajo, Javiera Blanco.
Como parte de ese acuerdo, Teatinos 120 solicitó un estudio al abogado experto en derecho administrativo y ex candidato a contralor general de la República, Enrique Rajevic, sobre la experiencia internacional en torno a modalidades eficaces de negociación colectiva en el sector público, el cual fue recibido por el ministerio a fines de 2015.
¿La recomendación? Reconocer el derecho de los funcionarios del Estado a negociar colectivamente y permitirles ir a huelga, ambos derechos no permitidos explícitamente en la legislación vigente.
El escrito, de 29 páginas, plantea que el derecho a negociar colectivamente e ir a huelga se “ajusta” al marco de los tratados internacionales suscritos por Chile, “como por un criterio de realidad y por la necesidad de ajustar aspectos que por falta de regulación terminan generando daños injustificados a los usuarios de los servicios públicos”.
Eso sí, las propuestas de Rajevic incluyen algunas excepciones, como excluir del derecho a sindicalizarse a las Fuerzas Armas y de Orden y Seguridad, “entendiendo que son cuerpos no deliberantes y que tienen el monopolio del uso de las armas”.
En materia de negociación colectiva, se aconseja regularla en distintos niveles, como nacional, sectorial y por organismo, además de considerar materias “admitidas y excluidas” de la negociación para evitar que el diseño de políticas públicas esté sujeta al proceso.
A su vez, se sugiere que la negociación tenga una periodicidad “no coincidente” con los ciclos electorales, que reconozca una duración “mínima” de los acuerdos y que se cree una instancia de arbitraje “obligatorio” cuando el proceso se prolongue “exageradamente”.
Huelga y servicios mínimos
En materia de paralización de actividades, el abogado propone regular en cinco niveles el derecho a huelga. El primero es la oportunidad en que será posible ejercer este derecho; establecer organismos que no podrán ir a huelga “por prestar servicios esenciales”; y fijar servicios mínimos para las reparticiones públicas que, sin prestar servicios esenciales, atienden público o tienen “alto impacto”.
En este último punto, Rajevic recomienda sanciones en caso de que los servicios no sean prestados: “Debiera evaluarse restringir a estos casos la aplicaciónde la Ley sobre Seguridad del Estado”, dice en el estudio. Además, plantea cursar descuentos por días no trabajados y un mecanismo de arbitraje.
Las propuestas implicarían modificar la Constitución, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Estatuto Administrativo y la Ley de Seguridad del Estado, entre otros cuerpos legales.
El tema es parte de las conversaciones que ha sostenido el Ejecutivo con la Mesa del Sector Público, aunque desde Hacienda recalcan que no está dentro de las prioridades de corto plazo de la cartera.
Debate necesario
Entre los expertos es bienvenida la posibilidad de que se legisle en materia de negociación colectiva y huelga en el sector público. El gerente de Estudios de Conapyme, Carlos Boada, ve con buenos ojos la idea, pero plantea que debe “fortalecerse” el Estado de Derecho para evitar que las eventuales huelgas legales de los empleados fiscales tengan un impacto “desproporcionado” en la población.
El ex director del Trabajo, Marcelo Albornoz, complementa que la nueva legislación debe “equiparar” el régimen de los trabajadores del Estado con el de los privados, lo que incluye descuentos por días no trabajados y una negociación por períodos establecidos “y no cada año, como pasa hoy”.
Mientras que el director de Berg Consultores, Huberto Berg, recalca que deben eliminarse una serie de “beneficios” que mantienen los trabajadores públicos: “Debe legislarse sobre derechos pero también sobre deberes. Sólo en el sector público pasa que a un funcionario en paro se le pagan todos los días no trabajados”.
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