Unos US$ 1.800 millones le costarán al Fisco el acuerdo alcanzado entre gobierno y trabajadores del sector público, el que incluye un reajuste salarial de 3,5% nominal -el mayor desde 2015- partir de este mes. Así lo estimó un análisis de Libertad y Desarrollo, distinguiendo que el 55% de los recursos utilizados se destinarían al incremento de las remuneraciones mientras el 45% restante iría a los beneficios adicionales.
A juicio de la entidad, un alza superior a 3,5% "no habría tenido sustento económico alguno en la medida que no cambie la eficiencia del sector público, y que se mantenga la imposibilidad de medirla".
En 2017, precisa el análisis, estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestran que los salarios del sector público crecieron sostenidamente por sobre las del sector privado (en torno a +3% promedio).
En este ejercicio, en tanto, se observa un incremento menor que el ámbito privado (en torno a -1,4% promedio), posiblemente debido a que, en la negociación de 2017, el mayor esfuerzo fiscal (58% de los US$ 1.600 millones de costo) se destinó a los otros beneficios monetarios, y no a la remuneración, a la cual sólo se le destinó el 42% de los gastos fiscales.
LyD advierte que "el impacto en las finanzas públicas de la primera petición de este año (8%), era tan elevado (US$ 3.500 millones), que llegó a ser equivalente al financiamiento en régimen de la reforma de pensiones, para el cual se han levantado innumerables voces desde la oposición mencionando que no cuenta con financiamiento. Este esfuerzo es especialmente relevante en un momento en el que a los distintos actores se les ha solicitado algún aporte a la austeridad fiscal".
En este marco, la entidad señala que los recursos involucrados en cada reajuste del sector público -unido a la gran cantidad de beneficios y bonos adicionales que también se negocian en ese momento- "corresponden al proyecto más importante en términos de recursos presupuestarios de ese año".
Dado lo anterior, el análisis concluye que "es necesario avanzar en mejoras importantes del sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios, de forma que los reajustes reales reflejen de forma más directa y transparente el desempeño de los trabajadores".
Con mejoras en esta línea, agregan que se podría avanzar en "objetivizar el reajuste anual evitando el desgaste político y económico de estas negociaciones".
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