Una disminución significativa en el número de huelgas efectuadas durante el primer año de implementación de la reforma laboral, es parte de lo que reveló el primer informe presentado por el Consejo Superior Laboral, en el marco del primer balance de la nueva legislación laboral.
El documento elaborado por una instancia tripartita -conformada por representantes de los trabajadores, empleadores y del Ejecutivo- reveló que entre abril de 2017 y marzo de 2018 hubo 137 huelgas efectuadas, una cifra inferior a las 197 que se realizaron en el mismo periodo entre 2013 y 2014.
El reporte detalla que el número de trabajadores involucrados en huelgas legales también es inferior, pasando de 30.904 entre 2013 y 2014, a 14.716 entre 2017 y 2018. “Sin perjuicio de ello, también se advierte un leve aumento en la duración de las huelgas, de 16 días, en el periodo 2016-2017, a 17 días en el último año”, agregó el escrito.
Si bien es posible apreciar un paulatino aumento en el uso de los buenos oficios durante la vigencia de la normativa anterior, usándose en el 36% de los procesos de negociación reglada, el texto agrega que “si bien durante el último año se observa una baja del número de mediaciones, su incidencia sobre el número de procesos de negociación colectiva alcanza al 41%”.
Pese a que los datos revelan menos huelgas efectuadas, el informe señala que “lo acotado de los antecedentes no permite identificar a la reforma como causa de esas situaciones”. Así, añade que dicha materia se seguirá revisando con el objeto de “testear” la situación.
Otro ámbito que analizó el consejo es la evolución de la cantidad de denuncias de prácticas antisindicales.
Sobre esta materia los datos muestran un alza respecto a 2016 de las denuncias por práctica antisindical de reemplazo y reintegro ilegal de trabajadores recibidas por la Dirección del Trabajo, llegando a 80 en 2017. Al 31 de marzo la DT ya contaba con 20.
Pese a esto, el escrito agrega que “se observa una disminución en la cantidad de denuncias acogidas por el órgano administrativo por esta causa, bajando del 76% del año 2016 a un 44% el 2017 y 40% en lo que va del 2018”.
Considerando estos datos, los consejeros abordaron las implicancias de la prohibición del reemplazo en huelga, ya que para algunos esta herramienta debe ser aplicada efectivamente para evitar que el ejercicio de este derecho se vea debilitado, y para otros “debe cuidarse especialmente la interpretación del concepto de adecuaciones necesarias, y su extralimitación a bloquear las maquinarias de la empresa que eran utilizadas por los trabajadores en huelga”.
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