El proyecto que prohíbe la subcontratación en labores propias del giro de la empresa, el que regulan los despidos colectivos, y el que ajusta la polifuncionalidad de los trabajadores a la misma naturaleza de los servicios contratados tienen un denominador común: no son prioritarios para el gobierno.
Todos son viejos anhelos del mundo sindical y todos también despiertan inquietud en el sector privado, que considera que las tres iniciativas -en caso de convertirse en leyes- pueden afectar la productividad y el mercado laboral.
También preocupan en Chile Vamos, donde celebraron la decisión del Ejecutivo, de postergar estas iniciativas legislativas -originadas en mociones parlamentarias- por plazo indefinido. “Se sacan los proyectos que afectan el crecimiento económico”, afirmó uno de los diputados del bloque que integra la comisión de Trabajo de la Cámara.
La ministra del sector, Alejandra Krauss, subrayó que “atendiendo los tiempos legislativos y los compromisos programáticos en materia laboral”, sólo en la medida que “se abran los espacios legislativos” el gobierno acompañaría la tramitación de estos proyectos.
En las comisiones de Trabajo de la Cámara y el Senado la sensación es la misma: el Ministerio de Hacienda impuso su visión en la agenda laboral.
Así lo expresaron los presidentes de ambas instancias, el diputado de la DC, Patricio Vallespín, y la senadora del PPD, Adriana Muñoz. El primero dijo que “intentarán tramitar y despachar los proyectos de subcontrato y de polifuncionalidad, en la medida de las urgencias que el gobierno determine en los proyectos que sí son prioritarios”, como la modernización del Trabajo y el estatuto temporero, además de la puesta en marcha de la reforma laboral.
“Si el gobierno nos llena de urgencias en algunos proyectos fundamentales y no nos da espacio para otras iniciativas, yo lo lamentaría. Hay algunos temas que el Ejecutivo no ha priorizado y vamos a tratar de seguirlos, porque no veo por qué no puedan tener urgencia”, expuso Vallespín.
Más dura fue la senadora Muñoz, quien advirtió: “Nosotros tenemos autonomía para determinar nuestra propia agenda. Hemos visualizado proyectos que se ha intentado dejar fuera y son importantes para una gran cantidad de personas, especialmente para trabajadores de la construcción y agrícolas, donde hay una fuente muy grande de abuso”.
A juicio de la legisladora, “es importante que el gobierno armonice intereses”, aludiendo a aquel por reactivar la economía y evitar incertidumbres en los empleadores, “pero sin invisibilizar situaciones de abuso contra los trabajadores”. Y remarcó: “Insistiré en una agenda pro trabajador”.
Un cuarto proyecto “extrañó” el presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Osvaldo Andrade, quien el próximo año podría presidir la comisión de Trabajo que actualmente integra. “Eché de menos la huelga y negociación colectiva en el sector público, donde hay un compromiso de hace muchos años de legislar al respecto; el proyecto de despidos colectivos, el de subcontratación impropia y el que limita polifuncionalidad, que están en tramitación y el gobierno no se atreve a ponerle ritmo”, aseguró el parlamentario.
Los diputados y senadores de las comisiones de Trabajo del Congreso intentarán “persuadir” a Krauss, en las reuniones habituales de coordinación legislativa, para que incorpore estas aspiraciones de los trabajadores en la agenda laboral del gobierno.
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