El número de personas con discapacidad que podría, a contar de mediados de 2017, incorporarse al mercado del trabajo dependerá mucho de lo que resuelvan hoy los técnicos de los ministerios del Trabajo, Hacienda y Desarrollo Social, y los asesores de los parlamentarios de la comisión mixta que revisa el proyecto de inclusión.
Podrían ser cerca de 40.000, en caso que la cuota que deban cumplir las empresas con 200 trabajadores o más sea de 2%; o incluso más, si la cifra es la misma y la obligatoriedad se extiende a compañías con 100 o 150 empleados.
Sin embargo, lo más probable es que sean alrededor de 20.000 personas con discapacidad las que se sumen al mercado laboral, ya que lo más seguro es que el Ejecutivo logre imponer la cifra de 1%, gracias al respaldo de los legisladores de la DC, RN y la UDI.
Así lo señalaron asesores que participarán en la reunión, que comenzará a las 11:00 horas, en el Ministerio del Trabajo.
Uno de ellos sostuvo que “el gobierno ha defendido tener una cuota inicial que efectivamente se pueda cumplir”.
Así, los diputados y senadores del PPD y el PS que integran la comisión mixta, y que prefieren una cuota del 2%, aceptarían la propuesta del gobierno, aunque demandarán que se elimine la posibilidad de eximirse del cumplimiento.
Hasta ahora el proyecto permite que las compañías se eximan todos los años por naturaleza, por ejemplo una empresa de limpieza de vidrios en altura; o por oferta, cuando no hubo personas interesadas en los cupos ofrecidos.
En Chile Vamos esperan que esto se mantenga. No así en el oficialismo, donde exigirán al Ejecutivo mecanismos alternativos y obligatorios de cumplimiento.
Uno de ellos es que las empresas que no puedan incorporar el 1% celebren contratos con firmas que tengan el doble de personas con discapacidad (un 2%) o firmen convenios de transferencia, por montos no inferiores a 60 ingresos mínimos mensuales ($ 15.840.000), con fundaciones o corporaciones que tengan como objetivo la inserción laboral de mujeres y hombres con discapacidad, según explicó un asesor del oficialismo.
“No es posible un sistema de excusas permanentes”, sostuvo la presidenta de la comisión mixta, la senadora del PPD Adriana Muñoz, quien propone que las empresas que incumplan un año deberán hacerlo durante dos años en el sistema de cumplimiento alternativo. Otro elemento que se podría resolver hoy es reducir, de 4 a 2 años, la evaluación del funcionamiento de la cuota de inclusión laboral.
Chile Vamos pedirá, por su parte, evaluar mecanismos para incentivar la contratación, como normas para pactar sistemas combinados de trabajo a distancia y de forma presencial; y “jornadas cortadas” (para personas con tratamientos, por ejemplo), además de exenciones tributarias para empresas que no estén obligadas.
Así lo adelantó el asesor y abogado de LyD, Sergio Morales, quien aseguró que “el proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad transfiere la responsabilidad de la inserción laboral al sector privado, cuando la responsabilidad es del Estado”.
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