Junto con emplazar al gobierno por lo que cataloga como masivos despidos en el sector público -que se elevan a 2.000 entre el 19 y el 30 de noviembre -, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Carlos Insunza, subrayó que “el Ejecutivo no está cumpliendo la normativa de la circular 21 que entregó el ministro Larraín” a las distintas reparticiones y que fue uno de los factores que facilitó un acuerdo entre ambas partes por el reajuste salarial.
Dicha circular se refiere a las justificaciones que se deben tener ante la no renovación de contratos de los empleados públicos que se encuentra sujeta a un marco especifico, el cual no se estaría cumpliendo por parte del gobierno tras la “ola de despidos” en el gobierno central, dijo Insunza, los que las mismas asociaciones de funcionarios de las distintas divisiones afectadas catalogan como “en su mayoría injustificados e ilegales”.
Todo esto, a una semana de la firma del acuerdo por el proyecto de reajuste del sector publico y a días de que comience en el Congreso su discusión, a partir del lunes 10 de diciembre.
Despidos injustificados
Fue en marzo, dos días después de que el presidente Sebastián Piñera asumiera el mando, cuando comenzaron a registrarse las bajas en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, desde donde la presidenta de los funcionarios (Anfummeg) Vesna Madariaga, afirma que “fuimos los primeros en sufrir despidos”, los que se elevan a 38 hasta la fecha, un 27% de la dotación -150 empleado-.
Según la presidenta de los funcionarios del Servicio Nacional de la Mujer (Anfusem), Rosa Muñoz, en su área se han son concretado 42 despidos.
A nombre de los funcionarios del Ministerio del Interior (Fenaminsa) el presidente Esteban Tumba comenta que “ha sido la primera vez que se despide a tanta gente”, aludiendo a los 420 trabajadores que fueron notificados hasta el viernes 30 de noviembre, cifra que se eleva a los 900 empleados despedidos desde marzo.
Desde la ANEF agregaron las 300 notificaciones de no renovación en el Ministerio de Vivienda, 210 en Educación, 135 en Salud, 40 en el Fosis, 72 en el Sence, 34 en el IND, 60 en el INE y 142 en bienes nacionales, de los que lograron reintegrar 12 personas a sus labores.
Tras estos despidos, que deben materializarse hasta el 31 de este mes, la cifra nacional asciende a 4.700 entre marzo y noviembre. Insunza no descarta una paralización nacional, además de ingresar requerimientos a Contraloría.
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