Nada de fácil se anticipa el trámite del proyecto de reajuste del sector público, texto que ingresa hoy a la Cámara de Diputados. Lejano parece el acuerdo alcanzado por el gobierno y los 15 gremios al alero de la Mesa del Sector Público a fines de noviembre y que se tradujo en un reajuste nominal de 3,5%.
Una vez firmado el documento, comenzaron a hacerse públicas una serie de desvinculaciones en el aparato estatal, las que -según la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF- superan las 2.000 en el período y 4.700 desde el 11 de marzo. El hecho desconcertó a los trabajadores del Estado ya que uno de los compromisos del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para lograr un acuerdo fue la circular 21, que estableció que cualquier desvinculación de funcionarios a contrata debía justificarse.
Ad portas de que comience la compleja discusión, Larraín dio ayer una señal de apertura. El secretario de Estado mostró su disposición a que se reintegren a los funcionarios despedidos en caso de que se hayan cometido errores en el proceso.
“Quiero manifestar que tal como lo indica la circular 21, tenemos la disposición de reconsiderar aquellos casos donde haya ocurrido un error y con participación de las asociaciones de funcionarios. Esto es algo que ya está ocurriendo”, señaló la autoridad, quien puntualizó que ha abordado el tema con parlamentarios oficialistas y de oposición.
El ministro desdramatizó el proceso de despidos en el sector público, asegurando que es algo común en el marco de un cambio de gobierno.
“Desvinculaciones ocurren en todos los años y en todos los períodos. Nunca podemos comprometernos a que no haya despidos, lo que buscamos es que haya criterios y que en caso de que se produzcan errores, haya procedimientos para reconsiderarlos”, manifestó.
Consenso opositor
El reajuste fue el principal tópico de conversación en el almuerzo de coordinación de Larraín con parlamentarios oficialistas. En la instancia, los legisladores acordaron apoyar la propuesta del gobierno.
“No veo razón para rechazar el reajuste, ya que es más alto que lo aprobado en el gobierno anterior. El gobierno ha sido prudente en las desvinculaciones, que son mucho menos que las registradas en 2014”, afirmó el diputado UDI de la comisión de Hacienda, Patricio Melero.
Su par de RN, Alejandro Santana, coincidió: “Hay que separar las cosas. El reajuste y el acuerdo alcanzado, y las desvinculaciones son procesos aparte que no tienen nada que ver. Hay un acuerdo firmado que se debe respetar”.
El diputado UDI, Guillermo Ramírez, concordó: “El proyecto tiene que aprobarse. Si no, no alcanzarán a pagarse los bonos de Navidad”, advirtió.
Sin embargo, en la oposición insistirán en que el gobierno haga cambios a la propuesta. El diputado DC de la comisión de Trabajo, Raúl Soto, señaló que acordaron pedir que se suba a 4% el guarismo de reajuste: “También, es necesario que queden fuera del reajuste las autoridades más altas del Estado”.
Su par PS de la comisión de Hacienda, Manuel Monsalve, explicitó que “le pediremos al gobierno garantizar el fin de los despidos y la reintegración de los funcionarios desvinculados. Si no, votaremos en contra el reajuste”. Postura que es compartida por el próximo timonel de la comisión de Hacienda, el diputado PC Daniel Núñez: “Queremos que se nos garantice el fin de los despidos ilegales en áreas sensibles del sector público”.
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