Alberto Arenas, el primer ministro de Hacienda de la segunda administración de Michelle Bachelet, dejó su cargo en 2015 y desde ahí sus apariciones en el debate público han sido escasas.
Sin embargo, el ahora Asesor Regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) entró al debate con el estudio “Los sistemas de pensiones en América Latina: institucionalidad, gasto público y sostenibilidad financiera en tiempos del Covid-19” .
En dicho informe, advierte que uno de los principales desafíos será la sostenibilidad de los sistemas de protección social pospandemia.
En particular , señala que en el contexto de nuevas reformas a los sistemas previsionales, una prioridad debería ser la promoción y extensión de los esquemas de pensiones no contributivos.
Así, en 2030, se podría alcanzar una cobertura de al menos un 40% “con un nivel de prestaciones equivalente a una línea de pobreza, con el objetivo de eliminar la pobreza entre los adultos de 65 años y más en América Latina”, precisa.
El efecto fiscal de dicha política pública sería en torno al 0,65% del PIB regional, “que podría ser asumida en los próximos 10 años”, sostiene.
Respecto a las proyecciones de los compromisos previsionales -que consideran el acelerado envejecimiento regional-, Arenas indica que el gasto público en los sistemas de pensiones alcanzaría a 5,1% del PIB en 2030.
Y como si eso no fuera poco, alerta que tomando en cuenta los aumentos de la cobertura y la suficiencia de las prestaciones de los sistemas de pensiones no contributivos, el gasto público en jubilaciones podría llegar a un 5,7% del PIB en 2030, “constituyéndose en uno de los compromisos más importantes de la política fiscal”, reconoce.
Casos por país
El exjefe de las finanzas públicas también profundiza en los sistemas previsionales de otros países.
Detalla que Argentina, Brasil, Chile y Uruguay presentan las coberturas de pasivos más altas de la región. “Por tanto, el escenario estimado de aumento de la cobertura no contributiva al 40%, dejaría a un grupo de la población con ambas prestaciones (contributivas y no contributivas)”, aclara.
En el reporte, se sostiene que en Brasil, las prestaciones tienen un piso equivalente al salario mínimo y actualmente dicho piso es superior a la línea de pobreza. En Uruguay, la prestación no contributiva es superior a la línea de pobreza.
En el caso de Chile, los mayores de 85 años acceden a una prestación similar a una línea de pobreza y en 20 años más será efectiva para los de 65 años y más.
En este contexto, Arenas estima que el gasto público adicional será de 0,88% del PIB en Argentina; 0,62% del PIB en Brasil; 0,53% del PIB en Uruguay, y 0,49% del PIB en Chile.
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AFP
