“Inesperado”. Así calificaron en la industria aseguradora el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que rechazó admitir a trámite el requerimiento del gobierno frente al proyecto del tercer retiro del 10% que fue despachado desde el Congreso y que incluye un anticipo de las rentas vitalicias.
De acuerdo con altas fuentes del sector, las compañías de seguros de vida incluso se estaban preparando para implementar la iniciativa que ingresó el Presidente Sebastián Piñera al Congreso.
Pero ahora, las opciones para las aseguradoras se acortan. Ya que los argumentos que presentaron en el TC se perdieron con el fallo en contra que recibió el Ejecutivo y no pueden volver a ocupar esa vía.
“La legitimación para recurrir de constitucionalidad al Tribunal Constitucional respecto al actual proyecto de reforma constitucional por el tercer retiro del 10% solo le corresponde al Presidente de la República, a las Cámaras del Congreso o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio”, señala la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez.
“Así, las compañías de seguro no tendrían un camino para plantear sus puntos de vistas sobre la constitucionalidad de este proyecto de reforma constitucional. No estaban legitimadas para hacerlo, salvo presentarse ejerciendo el derecho de petición ante el TC”, agrega la abogada constitucionalista.
Es por eso que las opciones que se están evaluando ahora, según fuentes del sector -y a la espera de cómo avanza el panorama-, son demandas locales e internacionales, dependiendo del origen de la compañía, ya que algunas de estas pertenecen a matrices extranjeras, como Principal, MetLife y Chilena Consolidada.
Expropiación
Antes de que se conociera el fallo del TC, ayer la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) se hizo parte del requerimiento que había ingresado el gobierno. Más allá del rescate de los ahorros previsionales, a través de esta acción legal el gremio manifestó su preocupación en torno al “anticipo” de las rentas vitalicias que incluye la iniciativa que presentó el domingo el gobierno.
Advirtieron previo a conocer que se promulgaría la iniciativa aprobada por el Congreso, que la reforma constitucional producía un “quiebre” de los principios de igual repartición de las cargas públicas y seguridad jurídica y, por ello, el Estado debería compensarles en caso de que el proyecto se concretara en una ley.
“Ese quiebre de principios fundantes trae aparejada responsabilidad patrimonial del Estado, tanto en el plano del derecho público interno, como en el del derecho público externo, en el cual los diversos tratados internacionales y acuerdos de protección de inversiones han consagrado, para los inversionistas extranjeros, el derecho al trato justo y equitativo y la proscripción de la expropiación regulatoria”, acotaron.
En la propuesta que el Gobierno presentó el domingo -y que ahora retiró- se planteaba un anticipo para los pensionados por rentas vitalicias. Pero este paso se daba con cargo fiscal.
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