Con 121 votos a favor, la Cámara de Diputados respaldó hoy lunes la propuesta del Gobierno y aprobó el proyecto de Ley de reajuste del sector público, el cual contempla un alza salarial de 6,1% para los funcionarios del Estado.
El incremento salarial es nominal y debe comenzar a regir el 1 de diciembre, por lo que se pagará de manera retroactiva una vez que lo apruebe el Congreso. El alza, además, incluye a los asistentes de educación que se desempeñan en establecimientos de educación parvularia financiados por la Junji vía transferencia de fondos.
Según las cifras que presentó el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, el reajuste salarial beneficiará a 801.689 personas. Sin embargo, el universo total de beneficiarios pasivos del proyecto alcanza a las 2.576.650 personas.
La negociación también contempla un bono de vacaciones -que se pagará en enero de 2022- por un monto de $ 100 mil para trabajadores con una remuneración líquida igual o inferior a $ 835 mil; y de $ 50 mil para aquellos trabajadores que tengan una remuneración mayor a la señalada y bruta igual o inferior a $ 2.790.000.
A lo anterior se sumará un bono especial de acuerdo, que también se activará en enero, por un monto de $190 mil para los trabajadores cuya remuneración líquida sea igual o inferior a $ 835 mil; y de $ 95 mil para quienes tengan una remuneración superior a la indicada y bruta igual o inferior a $2.790.000.
De acuerdo al informe financiero de la propuesta, el alza salarial y la entrega de diversos bonos y beneficios tendrá un costo fiscal de $ 182.610 millones el 2021 (US$ 215,8 millones) y $ 1.861.352 millones el 2022 (US$ 2.200 millones). Un total de US$ 2.415,8 millones.
A modo de comparación, en 2020 la negociación tuvo un costo para el Fisco de US$ 1.426 millones, y de dicha cifra, cerca de US$ 740 millones correspondieron únicamente al reajuste salarial.
Los otros compromisos
Según expuso Weber, la negociación también contempló una serie de otros temas, entre ellos: el traspaso de 5 mil trabajadores a honorarios a régimen de contrata para 2022; y un aumento en el valor de la asignación de zona de Hualaihué (90%); entre otros.
De acuerdo a lo expuesto por las autoridades, durante la negociación también se acordó con los funcionarios públicos el trabajo de una serie de temáticas.
A modo de ejemplo, se acordó avanzar en cuidado infantil. En particular, el Ejecutivo se comprometió a dar continuidad a la mesa de trabajo de cuidado infantil y establecerá junto a organizaciones de la mesa del sector público un cronograma de trabajo que permita, entre otras materias, identificar los problemas que no han permitido la acreditación de las salas cunas institucionales y junto con ello identificar alternativas de solución y estimar los recursos presupuestarios que se requerirían.
El Gobierno, además, se comprometió a dar continuidad a la mesa de trabajo de salud mental para avanzar en la caracterización, análisis y evaluación de estos problemas que afectan a los funcionarios del sector público e identificar estrategias y propuestas que permitan abordar gradual e institucionalmente esta materia. El cronograma de trabajo se definirá en enero de 2022.
Ahora que la propuesta ya fue despachada por la Cámara de Diputados, deberá ser analizada por el Senado.
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