Novedades para los funcionarios públicos que se desempeñan a contrata.
Ayer, la Corte de Apelaciones se pronunció sobre un recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana, en el que se solicitaba decretar orden de no innovar y declarar ilegal o arbitrario el dictamen de la Contraloría General de la República sobre confianza legítima.
Esto último se refiere a un pronunciamiento de inicios de noviembre, donde el ente de control declaró que la decisión sobre el plazo para generar confianza legítima en los funcionarios públicos a contrata es una materia de competencia exclusiva de los tribunales de justicia, ya que se trata de una materia litigiosa, por lo que no debe ser zanjada por la Contraloría.
Un tema sensible, ya que la confianza legítima opera como un principio de protección laboral y establece que luego de un determinado tiempo de renovaciones sucesivas de una contrata, la administración sólo puede poner término al vínculo laboral a través de un sistema de calificaciones o sumario administrativo, protegiendo así la estabilidad laboral de los funcionarios a contrata.
"Este dictamen afecta en su esencia a los derechos constitucionales de las personas, por las cuales recurro de protección, quienes llevan más de dos renovaciones de sus contratas y ahora se les puso término mediante decretos alcaldicios que no revisten la necesaria fundamentación para sus no renovaciones. Sin embargo pese a esta probable ilegalidad, tal como lo ha sostenido el ente contralor previo al dictamen recurrido, ahora sencillamente se excusa de conocer asuntos que por ley ha de conocer", señalaba el recurso presentado por Fundación Fuerza Ciudadana.
Sobre el tema, ayer la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció, declarando la orden de no innovar y suspendió los efectos de la abstención del polémico pronunciamiento de la Contraloría General de la República, "debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen.
Tras esto la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten.
Con todo, el socio de Sarmiento Walker y García Abogados, William García Machmar, explica que esta resolución significa que la Corte de Santiago "ha ordenado suspender los efectos del dictamen de la Contraloría que se declaraba incompetente para conocer de los reclamos de funcionarios que invoquen la confianza legítima. Es importante destacar que esta orden solo suspende los efectos del dictamen mientras se tramita el juicio. Solo con una sentencia definitiva sabremos el futuro del dictamen de la Contraloría".
Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), David Acuña, este pronunciamiento de la Corte "va en la línea de lo que hemos planteado desde la Central y demuestra las señales que se han dado desde diversos sectores, rechazando el dictamen de la contralora".
Acuña, además, hizo un llamado al Gobierno "a patrocinar la proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, que fue aprobado por una mayoría transversal. Creemos que hoy día la protección y el derecho al trabajo de los trabajadores del Estado es fundamental. Vamos a seguir en alerta y movilizándonos de ser necesarios para la protección del empleo público".
Consultados al respecto, desde la institución liderada por Dorothy Pérez señalaron que: "la Contraloría General da cumplimiento estricto a las resoluciones de los Tribunales de Justicia".
Presidente de la CUT: “Va en la línea de lo que hemos planteado”
Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), David Acuña, este pronunciamiento de la corte “va en la línea de lo que hemos planteado desde la central y demuestra las señales que se han dado desde diversos sectores, rechazando el dictamen de la contralora”. Acuña, además, hizo un llamado al Gobierno “a patrocinar la proyecto de ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, que fue aprobado por una mayoría transversal. Creemos que hoy día la protección y el derecho al trabajo de los trabajadores del Estado es fundamental. Vamos a seguir en alerta y movilizándonos de ser necesarios para la protección del empleo público”.
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