A inicios de junio el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, anunció la conformación de una mesa de análisis para debatir una posible regulación para las personas que se desempeñan como repartidores de aplicaciones móviles. La temática tomó fuerza tras la presentación de una demanda colectiva de los repartidores de PedidosYa contra la firma.
A más de cuatro meses de iniciado dicho trabajo, la instancia que contó con la participación de representantes de las carteras de Trabajo, Economía y Transportes, de la Comisión Nacional de Productividad (CNP) y los asesores de los senadores de la comisión de Trabajo, entre otros, está en su fase final y sus participantes están realizando observaciones al documento elaborado por la subsecretaría del Trabajo.
En el informe preliminar, al cual tuvo acceso Diario Financiero, se pueden ver las menciones de cuatro de los integrantes del grupo: la abogada Wendoling Silva y el profesor de Historia Felipe Ossandón -asesores del senador PS, Juan Pablo Letelier-; Pablo Zenteno, experto laboral de fundación FIEL y de la CUT; y el académico y asesor de la senadora Carolina Goic, Juan Pablo Severin.
A nivel general, la visión de ellos apunta a que el informe no aborda ni profundiza en las dificultades que las aplicaciones generan en materia laboral, sino que más bien en sus beneficios. “Un lector atento cuestionaría inmediatamente el sentido y utilidad de la mesa en base al diagnóstico presentado”, es parte de las críticas que se pueden leer.
Por ejemplo, lo que no cayó bien entre los profesionales, es que en el texto se señala que las plataformas digitales generan oportunidades en la incorporación al mundo del trabajo “de grupos tradicionalmente relegados de este, tales como estudiantes, jóvenes, dueños y dueñas de casa, adultos mayores, entre otros”.
Para los profesionales, dicho párrafo “supone que los grupos con mayor dificultad a entrar al mundo del trabajo lo deben hacer en condiciones de mayor desprotección”.
Sobre el polémico punto de si existe o no relación laboral entre las aplicaciones y los repartidores, el informe constata que es un materia que quedó abierta.
“Quedó en evidencia que a la fecha no existe una clara definición sobre esta materia que permita construir un criterio unívoco al respecto”, dice el reporte. Esto, agrega, “es aún más complejo si se considera que el servicio prestado mediante plataformas tiene particularidades que lo apartan de las relaciones laborales propiamente tales. A modo de ejemplo, no existe obligación de prestar el servicio, no existe exclusividad, horarios determinados, ni mecanismos disciplinarios directos o evidentes, entre otros”,
Esto no fue bien recibido por los expertos, quienes consideraron que con esta afirmación se toma partido respecto de una de las visiones respecto de las cuales no hubo consenso.
Otro comentario sugiere que con esa visión se insiste en “señalar la exclusividad como indicio de laboralidad y su ausencia como indicio de no laboralidad. Eso no tiene sustento alguno en nuestra legislación”.
En relación a esto, los expertos también cuestionaron que en materia de laboralidad no se plasmó en el texto de manera efectiva lo debatido en la mesa. Así, por ejemplo, criticaron la ausencia del acuerdo de generar mínimos en esta materia, entendiendo que podría haber casos en que se entendiese que los trabajadores son dependientes y otros en que no lo son.
Pese a que los profesionales valoraron y agradecieron el espacio de trabajo y debate, en el informe le señalaron al subsecretario del Trabajo que bajo la redacción actual del informe, les es imposible concurrir con su firma, ya que no se refleja el debate realizado.
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