Se buscan fiscalizadores y abogados para la Dirección del Trabajo (DT).
Este viernes, el servicio informó del inicio de dos procesos de selección de personal para contratar a 37 fiscalizadores y 13 abogados, para reforzar su actuación en las nuevas responsabilidades inspectivas, principalmente las que dicen relación con las denuncias por las leyes Karin, 40 Horas e Inclusión Laboral.
Según explicó la DT, los fiscalizadores y abogados seleccionados serán primeramente contratados a prueba por un lapso de tres meses, el que puede renovarse por un segundo periodo similar al cabo del cual, si sus rendimientos son aprobados, serán pasados a las dotaciones definitivas de contrata. Las postulaciones estarán abiertas hasta las 15:00 horas del viernes 10 de enero.
A modo de referencia, los fiscalizadores tendrán una remuneración bruta mensualizada promedio de $ 1.690.595 acorde al grado 16 del escalafón fiscalizador de la DT. Los abogados, en tanto, recibirán una remuneración bruta mensual promedio de $ 2.445.864 correspondiente al grado 13 del escalafón profesional.
Con relación a los requisitos, y sin perjuicio de las exigencias específicas establecidas por Empleos Públicos, los fiscalizadores deberán poseer a lo menos uno de los siguientes títulos profesionales: prevencionista de riesgos o equivalente; trabajador/a social o equivalente; administrador/a público/a o equivalente; ingeniero/a en recursos humanos; contador/a público y/o auditor/a, ingeniero/a comercial; ingeniero/a en administración o equivalente; sociólogo/a; psicólogo/a; cientista político/a; o pedagogo/a.
En el caso de los abogados, en tanto, será deseable que posean estudios de postítulos, especialización y/o al menos 20 horas de capacitación (acreditando horas) en algunas de las siguientes áreas: legislación laboral y/o previsional, salud y seguridad ocupacional y normativa del sector público.
Cabe señalar que el Portal de Empleo Públicos establece que existen requisitos para ingresar a la administración pública, entre ellos: ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia; haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; tener salud compatible con el desempeño del cargo; haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; no haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria; y no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito.
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.(Cambio vigente desde el 15.10.2013, según Ley 20.702).
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