El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) presentó hace unos días el reglamento de la Ley 21.553, más conocida como "Ley Uber", a la Contraloría General de la República con modificaciones de sus exigencias originales.
El documento, fuertemente esperado por las aplicaciones y los conductores, dentro de sus ejes establece la obligatoriedad de que los conductores cuenten con una licencia profesional.
De acuerdo al reglamento, los conductores tendrán un plazo de hasta 12 meses para tener su licencia profesional. Mientras tanto, podrán seguir usando su licencia clase B.
El documento en cuestión, además, definió que los vehículos deberán tener una cilindrada "equivalente a 1,4". Esta exigencia tiene directa relación con la potencia del motor, ya que a mayor cilindrada, a mayor potencia de motor y mayor consumo de combustible.
También se establece que la antigüedad del vehículo deberá ser inferior a diez años, y se exigirá la inscripción de los conductores y vehículos en los 6 primeros meses de vigencia de la ley, entre otros aspectos.
Las implicancias
Con todo, tanto las aplicaciones como los conductores han planteado que estas y algunas de las otras exigencias repercutirán fuertemente en la cantidad de personas que se desempeñan como conductores.
Para justamente dimensionar este impacto, David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, elaboró un análisis del impacto en el mercado laboral que tendrá la ley y su reglamento, para lo cual estudió los microdatos de conductores y viajes de la aplicación Uber en Chile entre 2013 y 2023.
Así, como primer punto, el análisis muestra que en 2023 unas 107 mil personas se desempeñaron como conductores de aplicación. Universo de personas que realizó más de 17 millones de viajes durante de 2023.
De acuerdo al análisis, además, 1 de cada 5 conductores trabajan jornada completa en estos servicios. “Más de la mitad lo hace de manera ocasional mientras que 25% de manera part-time”, dice el análisis.
Con respecto al impacto de las exigencias del reglamento, el estudio estima que el 62,8% de los conductores que trabajaron en 2023 cumplen con los requisitos de antigüedad y cilindrada. “Esto implica que de los 107,5 mil conductores de ese mes, 40 mil quedarían fuera de las plataformas”, advierte el informe de Bravo.
Sin embargo, al considerar la exigencia de la licencia profesional, el impacto podría ser mayor. De hecho, Bravo estima que del total de conductores, solo un 18,2,% de los que trabajaron en diciembre de 2023 (19,6 mil) cumplen con los requisitos de antigüedad, cilindrada y licencia.
Considerando esto, a las 40 mil personas que se verían afectadas inicialmente, se podría sumar un universo de 48 mil conductores adicionales que no logren obtener la licencia profesional en el periodo establecido, lo que implica que en un año el universo de conductores que podrían quedar fuera de las aplicaciones sería de 88 mil personas.
El informe, de Bravo, además, advierte que el impacto podría ser mayor si se considera como universo afectado a quienes han trabajado en aplicaciones desde 2020 a la fecha. “Si en vez de los 107,5 mil conductores de diciembre de 2023 se toma a los 316 mil que han prestado servicios desde fines de 2020, el impacto negativo puede afectar a entre 118 mil y 259 mil personas”, dice.
Así, desde la perspectiva de Bravo, el impacto directo sobre el mercado laboral “es muy considerable en el contexto de la actual emergencia laboral” y podría representar entre 0,4 y más de 1 punto adicional de desempleo.
Los problemas identificados
Para Bravo, este impacto negativo tiene relación principalmente con un temas: el congelamiento del registro de conductores.
Para dimensionar esto, el economista explica que la ley establece que una vez constituido el registro, este se congelará por 18 meses. “Congelar el registro, aun cuando sea temporalmente, implica afectar esa capacidad y posibilidad de empleabilidad en el tiempo”, advierte.
Para el experto, además, un registro cerrado, con cupos fijos, o sujeto a discreción de la autoridad “afectará a las empresas de plataformas que vayan a entrar con posterioridad a la vigencia de la ley y a las empresas con menor participación de mercado”, por lo cual es una norma “anticompetencia”.
El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC también advierte que la discrecionalidad de la autoridad actuará como un desincentivo a la inversión del sector. “Por lo tanto, los impactos sobre el empleo son mayores cuando se consideran los efectos dinámicos en el tiempo”, plantea.
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