A fines de octubre, las dos organizaciones de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Asociación de Fiscalizadores (Afiich) y la Asociación Nacional de Funcionarios (Aneiich), recurrieron a la justicia para dejar sin efecto el plan de reincorporación presencial que puso en marcha el servicio.
La decisión de retomar el trabajo presencial no fue bien acogida por los funcionarios, quienes a través de un recurso recurrieron a la justicia para dejar sin efecto la decisión, señalando que lo clave es proteger la salud de los trabajadores del organismo
"Los trabajadores afiliados a nuestra asociación, que retomen sus labores presenciales, presentarán una exposición permanente al virus pandémico SARS cov2 y de contagiarse existe un riesgo de perder la vida", dice el recurso presentado a la justicia.
Según agregaron los funcionarios, como trabajadores se había llegado a un acuerdo con la dirección del servicio, en la cual se acordó un restablecimiento progresivo de la atención de público y atención de "procesos críticos", que no se podían resolver desde el hogar, garantizando las condiciones sanitarias de los funcionarios.
Sin embargo, explicaron los funcionarios, el servicio habría roto dicho acuerdo. "La autoridad fue más allá de lo acordado y llamó a acudir de manera presencial a todas las direcciones regionales, sin distinción, y sin respetar el cumplimiento previo de condiciones estructurales; situación que hicimos ver a las autoridades sin ningún resultado hasta ahora".
Por esto, finalmente los trabajadores de la entidad decidieron acudir al Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y presentar un recurso de tutela laboral por vulneración del Art. 19 Nº1 de la Constitución Política, que garantiza la protección del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
Tras algunos días se espera, la justicia se pronunció al respecto, y como medida cautelar ordenó que el SII deberá aislar a los trabajadores mayores de 60 años, "ya sea ordenado el teletrabajo o simplemente liberándolos de sus funciones, hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno a las mismas, sin riesgo para su vida, todo ello con goce íntegro de sus remuneraciones".
La justicia citó a las partes a una audiencia preparatoria para el 26 de enero de 2021.
"La resolución es un tremendo triunfo y reconocimiento para el trabajo que hemos hecho desde las asociaciones de funcionarios, ya que desde el inicio de la emergencia hemos intentado concordar con nuestras autoridades un acuerdo amplio, que permita proteger la salud y vida de nuestros funcionarios, pero también restablecer progresivamente los estándares de atención presencial que brindamos, pero que lamentablemente se vio truncado en el mes de septiembre, por la imposición unilateral de nuestro director Fernando Barraza, que no respetó ninguno de los acuerdos", dijo Marcos González, presidente de Aneiich.
Desde el SII señalaron que "como institución, hemos buscado siempre resguardar la seguridad de las personas, adoptando todas las medidas necesarias para proteger a contribuyentes, y, muy especialmente, a nuestros funcionarios. De esta forma, implementamos un sistema de trabajo remoto que permitió continuar entregando los servicios que la ciudadanía requería, pero sin riesgos para los equipos de trabajo".
En esa línea, en el organismo aseguraron que se adoptaron todas las medidas necesarias para resguardar a los funcionarios, y que sólo cuando se dieron las condiciones a nivel nacional para retomar paulatinamente el trabajo y la atención presencial, se decidió implementar un plan de retorno que "considera distintas líneas de trabajo, como flexibilidad horaria, trabajo en turnos para cumplir con el distanciamiento físico requerido, resguardos en espacios laborales, manteniendo la definición de trabajo remoto para los grupos considerados de riesgo por la institución".
Esto, agregaron desde el servicio, habría sido valorado por el tribunal, ya que por ello "de todas las solicitudes realizadas por las asociaciones de funcionarios, solo se acoge la de establecer como edad límite para los grupos de riesgos a los mayores de 60 años, medida que implementaremos como institución desde ya, sin esperar la notificación".
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