Se podría decir que fue una crónica de una muerte anunciada. Finalmente, la Cámara de Diputados terminó ayer por rechazar la propuesta del Gobierno para reajustar el salario mínimo, hoy en $ 320.500.
Si bien el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llegó varias horas antes de la votación al Congreso en Valparaíso para dialogar con los parlamentarios y acordar una nueva fórmula, no fue posible llegar a un acuerdo, por lo cual el Ejecutivo mantuvo su oferta de alza salarial de 0,4% nominal, que en términos prácticos significa un alza de 0% real.
Esto se tradujo en una dura derrota para el Ejecutivo, que dejó un resultado de 78 votos en contra de la iniciativa del Ejecutivo, 53 a favor y 14 abstenciones.
Ahora, la administración Piñera deberá insistir con el proyecto en el Senado en los próximos días, algo que confirmó el ministro Briones.
Antes de la votación, el secretario de Estado había dado luces de que los movimientos del Gobierno para conseguir un acuerdo serían acotados.
“El salario mínimo no lo paga el Gobierno. Lo fija el Gobierno, es un piso mínimo para que los empleadores (...) lo pagan los café, el comercio, que hoy están golpeados y la prueba de ello es que nosotros prontamente vamos a ir con un programa macizo, masivo de US$ 2.000 millones para subsidiar la contratación”, dijo Briones antes de la votación.
Al ser consultado respecto a la opción de implementar un alza de $ 10.000, que es lo solicitado por algunos sectores, Briones descartó por completo esta alternativa.
“No es posible, se escapa completamente de la realidad que vive el país.
Ley de protección
Como todas las semanas, la Superintendencia de Pensiones publicó ayer un nuevo balance respecto al uso que ha hecho la población trabajadora de la Ley de Protección del Empleo, la cual evidencia que los pactos de reducción de jornada laboral han ido al alza.
De acuerdo a los datos, actualizados al 6 de septiembre, 119.363 firmas han ingresado solicitudes para acogerse a la referida norma, y la AFC ha autorizado la suspensión de contratos de 739.651 trabajadores.
Otro dato que trajo el balance y que llamó la atención es la cantidad de padres y madres que han optado por la suspensión de sus contratos de trabajo para cuidar a sus hijos, una modificación que se introdujo en la legislación en el marco del debate que se generó debido a las personas que estaban afectas al posnatal en medio de la pandemia.
De acuerdo con la información, han ingresado 3.011 solicitudes de este tipo a la AFC, pero tal como ha sido la tónica, la entidad no ha autorizado todas las solicitudes.
De esta forma, sólo 2.343 personas han logrado que la entidad apruebe la suspensión de su relación laboral para así poder cuidar a sus hijos. Mientras tanto, 290 personas se encuentran a la espera de la autorización y 378 solicitudes han sido rechazadas.
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