A mediados de agosto, diversas organizaciones de trabajadores del sector público celebraban el despacho a ley del proyecto que les otorga tutela laboral. Es decir, darles la opción de recurrir a la justicia en caso de ver afectados algunos de sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
En simple, el proyecto tenía por objetivo incorporar a las relaciones laborales del sector público el procedimiento de tutela laboral consagrado en el artículo 485 del Código del Trabajo, algo que en términos legales no era posible, ya que el primer artículo de dicha legislación establece que todos los trabajadores de la administración pública quedan excluidos de la legislación laboral, por regirse por regulaciones diferentes.
Sin embargo, el proyecto despachado estableció que "el procedimiento de tutela laboral beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la administración pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las empresas públicas; igualmente a los trabajadores del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Contraloría General de la República y del Banco Central; y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos".
Pese a todo, el Gobierno decidió ayer vetar la propuesta e impulsar una serie de correcciones al proyecto.
Una pugna histórica
Hasta el 2013, las causas promovidas por funcionarios públicos en los juzgados laborales eran muy pocas, ya que predominaba el procedimiento oficial para ellos: recurrir a la Contraloría General de la República.
Sin embargo, el escenario cambió en 2014 cuando se observó un aumento relevante en el número de causas de este tipo, temática que luego tomó presencia en la Corte de Apelaciones, la Suprema e incluso el Tribunal Constitucional.
Esto terminó impulsando una serie de propuestas legislativas para regular el tema, ya que había entidades que decían que los trabajadores públicos sí podrían recurrir a la justicia -como la Corte Suprema-, mientras que otras como el TC reiteraban que eso no era posible.
Finalmente, las mociones de diversos senadores dieron forma a la propuesta que fue despachada el 18 de agosto por parte del Senado, y que fue respaldada por organizaciones como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).
Sin embargo, ayeR se conoció que el Gobierno ingresó un veto presidencial para corregir la propuesta despachada por el Congreso.
¿Qué busca cambiar el veto? Una de las normas permitía a la Dirección del Trabajo fiscalizar las relaciones en materia de tutela laboral en el Estado. Sobre esto, el veto del Ejecutivo propone que la Contraloría esté a cargo de esto.
El veto, además, establece que los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden no podrán invocar la tutela laboral.
Molestia en el Parlamento
La decisión del Gobierno desencadenó un fuerte malestar en el Congreso.
"Es insólita la decisión del Gobierno de vetar el proyecto de tutela laboral para las y los funcionarios públicos. Esta ley fue aprobada por alta mayoría en el Congreso, el Gobierno jamás presentó una alternativa y ahora nos pone en la posición de aprobar este veto bajo sus condiciones o nos podríamos quedar sin ley", criticó la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans.
A través de una declaración pública, la bancada de diputadas y diputados del Partido por la Democracia (PPD) manifestaron también sus críticas a la decisión del Ejecutivo.
"Una vez más, el gobierno del presidente Piñera desafía los resultados obtenidos en la tramitación de los proyectos de ley en ambas Cámaras que van en directo beneficio de los trabajadores y de las personas más vulnerables de nuestro país, tal y como sucedió con el proyecto que prohibía el corte de servicios básicos dada la crisis sanitaria y el de implementación de un nuevo sistema de protección especializada a la niñez y adolescencia", es parte de la declaración.
El sector público no fue ajeno al tema. Desde la ANEF también manifestaron su malestar, señalando que el Ejecutivo nuevamente ha demostrado una "actitud antidemocrática".
"Al vetar el proyecto, ya listo, de tutela de derechos fundamentales, el gobierno pretende dilatar el legítimo resguardo judicial que deben tener los trabajadores del Estado. Dejándolos en la absoluta indefensión judicial ante los abusos y las discrecionalidades de las autoridades de los gobiernos de turno", dice una declaración de la ANEF.
Abogados respaldan correcciones
Pese a todo, entre los abogados laborales fueron valoradas las correcciones que ingresó el gobierno a la propuesta legal.
A juicio de Jaime Salinas, socio fundador de Salinas Toledo, normar la situación de si aplica a no las tutelas a funcionarios públicos es algo "tremendamente necesario, ya que hoy tenemos una situación bastante desordenada. Judicialmente hablando, tenemos el caso de funcionarios públicos que demandan por tutela en tribunales laborales y otros que deciden interponer recursos de protección que son conocidos por las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema (vía apelación)".
Respecto al veto, el experto señala que fue "bastante acertado al sacar a la Dirección del Trabajo de la obligación de hacer informes para los procesos de tutela, explicando que quien fiscaliza las relaciones estatutarias es la Contraloría exclusivamente".
Sin embargo, no considera adecuado entender suspendido el plazo para interponer una tutela mientras se resuelve el reclamo ante este mismo órgano, "pues el plazo que hoy existe para los trabajadores del sector privado de 60 días de plazo para interponer una acción de tutela, en la práctica, podría ser de muchos meses o exceder de un año para los funcionarios públicos si es que la tramitación del reclamo en Contraloría se demora mucho, como suele ser. Ello llevará a situaciones de incertidumbre, a no renovaciones de contrata sin resolución aún del reclamo, con interpretaciones diversas según los intereses del caso. Por eso este último punto me parece un desacierto", agregó Salinas.
Carlos Gutiérrez, socio de Canales Parga, también respalda el actuar del Gobierno, y señala que las correcciones, en general, parecen adecuadas. Sin embargo, señala que "a pesar de intentar regular de mejor manera y abordar temas no tratados, siguen existiendo interrogantes que seguirán resolviendo los tribunales. Se debe reconocer en todo caso, que el veto intenta mejorar aspectos prácticos de la ley, por ejemplo el rol de la Inspección del Trabajo, a quienes deja fuera en temas de investigaciones de vulneración de derechos fundamentales de funcionarios, reforzando las competencias de la Contraloría General", sostuvo
Una mirada similar entrega Rodrigo Marín, socio de Parraguez & Marín, quien plantea que el veto respeta la finalidad del proyecto, que es dar certeza a la aplicación del procedimiento de tutela a los funcionarios públicos y municipales.
"Adecúa dicha aplicación a las características propias de los estatutos de dichos funcionarios, los cuales contienen normas sustantivas y mecanismos de fiscalización que en ciertos aspectos no son compatibles con algunos aspectos del procedimiento de tutela. Es el caso del rol de la Inspección del Trabajo que evidentemente entra en conflicto con el rol de la Contraloría respecto de los funcionarios públicos y municipales; y también, el caso de la incompatibilidad de ciertas indemnizaciones por término de contrato", dice Marín.
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