El pasado 21 de octubre se publicó en el Diario Oficial la norma que modifica y agrega nuevas exigencias a la Ley de Inclusión, la cual establece que las empresas y entidades públicas con más de 100 trabajadores deben reservar el 1% de sus puestos laborales para contratar a personas con discapacidad.
¿En qué consisten los cambios a la norma? La principal modificación establece que al menos uno de los trabajadores que se desempeñe en funciones relacionadas con recursos humanos dentro de la compañía, deberá contar con conocimientos específicos en materias que fomenten la incorporación de quienes presenten alguna discapacidad.
Las firmas, además, según explicó un informe de Salinas Toledo, deberán promover en su interior políticas en materias de inclusión, las que serán informadas anualmente a la Dirección del Trabajo.
A lo anterior se suman las tareas de elaborar y ejecutar cada año programas de capacitación de su personal, con el objeto de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa, explica el informe.
Dificultades para impulsar los cambios
Y si bien aún queda tiempo para cumplir con esta exigencias, ya que éstas entrarán en vigencia en noviembre de 2022, los abogados y las fundaciones recomiendan comenzar a trabajar en la materia desde ahora, para integrar adecuadamente los cambios impulsados por la legislación.
“Si se incorpora en cada empresa un experto en inclusión y en el área de RRHH, no solo se favorecerá la inclusión, porque la contratación se realizará por competencias y no por caridad, sino que también iremos progresivamente disminuyendo los prejuicios que existen en torno a la inclusión y contrata”, sostiene Andrea Zondek, la presidenta de fundación Tacal, entidad que se dedica a promover la presencia de trabajadores discapacitados mediante la formación y capacitación.
“Es un paso importante para el cambio cultural que Chile”, destaca.
Y si bien los expertos destacan que la norma busca mejorar en esta materia, sinceran que la contratación de un profesional experto en inclusión será algo complejo para más de alguna empresa.
“La principal dificultad es la falta de organismos que certifiquen los conocimientos específicos a la ley, que deben otorgarse mediante el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales establecido en la ley N° 20.267”, critica la asociada del departamento de derecho del trabajo y seguridad social de Labbé Abogados, Constanza Galaz.
A su juicio, “el catálogo de competencias laborales de ChileValora no tiene un perfil asociado a conocimientos sobre inclusión laboral de personas con discapacidad”.
Bajo la mirada de los especialistas, hay otra dificultad: la falta de lugares para capacitar a profesionales expertos en esta materia. “Cabe señalar que el catálogo de cursos Sence ofrece, entre otros, capacitación en materia de recursos humanos, pero no hemos visto un enfoque predominante a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pareciera que incluso dentro del mismo Sence, como organismo capacitador, no existe conciencia de la aplicación de esta norma”, dice Galaz.
De acuerdo a la abogada, en el escenario actual es “imposible” que las empresas puedan cumplir con la exigencia contenida en el inciso primero del nuevo artículo 157 quáter del Código del Trabajo, la cual exige un experto en inclusión laboral.
A este escenario, además, se suma el poco conocimiento de las compañías en torno a la materia. “Las empresas aún no están interiorizadas con la norma y la relevancia de la inclusión como un valor agregado para su cultura organizacional”, expone Galaz.
Pese a todo, desde la fundación Tacal son optimistas. “Lo que nosotros recomendamos es aprovechar este tiempo para formarse. No es algo que se hace en un corto plazo y la certificación de la persona será muy probablemente en terreno. Por tanto, hay que aprender y tenemos dos años para hacerlo. Mi recomendación, es no esperar hasta el último momento”, manifiesta Zondek.
Para prepararse de manera eficiente, desde la fundación recomiendan a las empresas buscar apoyo en organizaciones que se dediquen hace mucho tiempo a formar para el trabajo a personas con discapacidad y posteriormente a incluirlos en el mercado regular.
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