Una demanda de declaración de unidad económica y cobro de prestaciones laborales presentó el abogado Jaime Barrientos Ramírez contra la aplicación de transporte Uber, en representación de 51 conductores de la aplicación, en la cual solicitó a la justicia reconocer la existencia de un vínculo laboral entre la app y los choferes
La demanda, que ingresó al Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, pide a la justicia declarar que existe unidad económica entre Hinter Chile SpA, Uber Portier Chile SpA, Uber Chile SpA y Uber International Holding B.V y Agencia en Chile; además de condenar a la firma a pagar a cada uno de los trabajadores involucrados la suma de $ 7.836.000, por concepto de 24 meses de sueldo base, entre otras solicitudes.
En el texto ingresado a la justicia, el abogado plantea que todos los demandantes, al inicio de la relación laboral, suscribieron un "contrato de servicios" con Rasier Operations B.V., que es parte de la unidad económica demandada.
Dicho contrato fue suscrito electrónicamente presionando un botón en una aplicación de celular, o sea, sin firma ni otra formalidad.
"Más allá del nombre con que se designe este contrato, cada conductor, en la realidad, suscribió un contrato que describe una relación laboral y que es, en los hechos, un contrato de trabajo para todos los efectos legales, en los términos del artículo 9 del Código del Trabajo", plantea la demanda.
En el escrito, el profesional sostiene que dicho contrato describe todos los elementos de la relación laboral descrita en el artículo 7º del Código del Trabajo, y asegura que no es posible jurídicamente que los conductores sean contratistas independientes, ya que sí o sí deben seguir determinadas instrucciones de la app.
Para justificar esto último, el requerimiento explica que los conductores demandantes reciben unidades de trabajo a través de la "Driver App", las que están obligados a aceptar, bajo pena de sanción. Son evaluados por los clientes y por la "Driver App", evaluación que es tabulada y promediada por la unidad económica demandada. Reciben una remuneración consistente en un pago calculado por cada uno de los viajes realizados para la unidad económica demandada. Pueden ser despedidos si su evaluación no es satisfactoria, y el despido no se limita a una mera desactivación de una cuenta, sino que tiene consecuencias personales verificables.
"Esto lleva a que en los hechos, sin importar lo que diga el 'contrato de servicios' y aplicando el principio de primacía de la realidad por sobre las estipulaciones de un contrato realizado con fraude a la ley, debemos considerar la relación que existe entre Uber y sus conductores como una relación laboral, protegida por el Derecho del Trabajo y por la normativa del ramo", asegura la demanda, ejemplificando lo que ocurrió en Reino Unido, donde la justicia dio la razón a un grupo de trabajadores.
Para el socio y director del grupo laboral de Albagli Zaliasnik (AZ), Jorge Arredondo, se trata de un caso relevante, ya que es la primera vez que un grupo de trabajadores que mantiene vigente una relación con la aplicación lleva este tema a la justicia.
"Es un caso interesante, se pide la unidad económica de distintas sociedades que formarían Uber, y en lo que es sustantivo, es respecto de lo que constituye la relación laboral. Hablan respecto del tipo de relación que mantiene un conductor con la plataforma, los deberes, las consecuencia y las sanciones asociadas a la no prestación. Y con esto reflota la discusión que ya tuvimos respecto de si estos trabajadores de estas plataformas en particular, sus servicios son o no encasillables en una relación laboral o en una relación de carácter civil", dice.
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