Un 14,7% del total de contratos laborales suspendidos -lo que involucra a unas 112.227 personas- seguía vigente al cierre del año pasado. Así se desprende del primer informe remitido a los diputados por el Ministerio del Trabajo, tal como lo comprometió a fines de enero la titular de la cartera, María José Zaldívar, en el marco de la discusión de la Ley que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en la Ley de Protección al Empleo y las condiciones mejoradas de acceso al Seguro de Cesantía.
Las cifras actualizadas al 31 de diciembre de 2020 constatan que 764.964 trabajadores vieron suspendidos -en algún momento del año- su relación de trabajo con su respectivo empleador.
De ese citado conjunto, el 60,8% correspondió a hombres y el 39,2% a mujeres.
Respecto a las empresas, la información muestra que en 2020 un total de 117.450 se acogieron a la normativa. De dicha cantidad, el 77,3% fue microempresas, el 17,9% pequeñas empresas, el 3,4% medianas y sólo un 1,4% grandes.
¿Quiénes siguen suspendidos?
El informe muestra que de las 112.227 personas que aún mantienen las suspensiones de sus contratos vigentes, 62.495 se explican por acto de autoridad, 40.781 son de mutuo acuerdo y 8.951 a suspensión por motivos de cuidado, en virtud de la Ley de Crianza Protegida.
Por sexo, se puede ver que el 20% de las mujeres que cuenta con una suspensión de los efectos del contrato de trabajo aprobada, la mantiene vigente. En el caso de los hombres el 11,2% mantiene vigente la suspensión.
Al mirar la información por sector económico, los datos reflejan que el 26,6% de las suspensiones vigentes se concentra en actividades de alojamiento y de servicio de comidas; el 17,2% en comercio; y un 7,7% en transporte y almacenamiento.
"Se observa que, a pesar de que actividades de alojamiento y de servicio de comidas es tercera en número de solicitudes aprobadas totales, actualmente es el sector que concentra más solicitudes vigentes, circunstancia que probablemente se relaciona con las restricciones del Plan Paso a Paso", agrega el documento.
Por tipo de contrato, los datos muestran que el 98,1% de los trabajadores con suspensiones aún vigentes tienen contrato indefinido, el 1,8% a plazo fijo, obra, faena o servicio y el 0,1% corresponden a trabajadoras de casa particular.
Según agrega el texto, el mayor uso de las suspensiones para trabajadores con contrato indefinido se podría deber a que este grupo de trabajadores tiende a tener un mayor costo de despido, lo que haría a los empleadores más proclives a suspender que despedir.
"Asimismo, puede relacionarse con que los trabajadores con contrato a plazo fijo, por tener menos cotizaciones, tienen menos probabilidades de poder recibir los beneficios del Seguro de Cesantía, por no cumplir el requisito de cotizaciones", agrega el documento.
Montos pagados
Respecto a los pagos recibidos por los trabajadores que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo durante 2020, los datos revelan que aquellos con contrato indefinido han recibido un pago promedio de $ 1.559.862 al día 31 de diciembre de 2020; y, descomponiéndolo de acuerdo a la fuente de financiamiento, han recibido en promedio $ 702.919 con cargo a sus CIC y $ 856.944 con cargo al FCS.
En el caso de los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra, faena o servicio, los trabajadores han recibido $ 894.951 en promedio. "En este caso, el total proveniente de las CIC ha sido $ 270.118 en promedio y el total proveniente del FCS ha sido $ 624.832 en promedio", agrega el documento.
Al comparar por género, el informe asegura que en ambos tipos de contrato, en promedio los hombres han percibido montos mayores que las mujeres, "lo que se debería a las mayores remuneraciones promedio de los hombres acogidos".
Del total de relaciones laborales suspendidas con contrato indefinido, el 34,5% ha recibido entre 1 y 4 giros, el 49,2% de las personas entre 5 y 7 giros, y el 15,4% más de 7 giros.
En el caso de las suspensiones de contrato a plazo fijo, obra o faena, las cifras son 57,2%, 41,5% y 0,9%, respectivamente.
Reducción de jornadas
Respecto a las empresas que optaron por reducir sus jornadas laborales, el informe arrojó que en 2020 un total de 8.533 optó por esta modalidad, involucrando a 53.444 trabajadores. Un 54,2% correspondió a microempresas, el 34,5% a pequeñas, el 8,2% a medianas y el 3% a grandes.
En cuanto a los trabajadores beneficiados, 11.029 se desempeñaban en microempresas (20,6%), 19.806 en pequeñas (37,1%), 10.393 en medianas (19,4%) y 12.216 en grandes compañías (22,9%).
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