No muy bien recibieron al interior de la comisión de Trabajo del Senado el veto que ingresó el Gobierno al proyecto que otorga tutela laboral a los funcionarios públicos, la cual busca darles la opción de recurrir a la justicia en caso de ver afectados algunos de sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión.
En términos legales actualmente esa acción no era posible, ya que los funcionarios del Estado se rigen por normas distintas a las que contiene el Código del Trabajo y, por ende, su vía de reclamación era la Contraloría General de la República.
Si bien el subsecretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, intentó explicar detalladamente la finalidad del veto, sus argumentos no lograron convencer a los parlamentarios de la citada instancia legislativa, quienes criticaron en duros términos la decisión del Ejecutivo.
“Esto es un veto aditivo. Yo hablé de esto con la ministra del Trabajo, con la Secretaria General de la Presidencia, para mí es sorpresivo, y estoy molesto con lo que ha ocurrido en esta materia. Esto marca un pésimo precedente en la relación del Gobierno con la comisión de Trabajo”, criticó el senador y presidente de la comisión, Juan Pablo Letelier.
Una opinión en la misma línea entregó la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien agregó que le pareció “insólita” la decisión de La Moneda.
“Un mecanismo excepcional como el veto debe ser explicado por las máximas autoridades (...) me parece insólito esto. Ahora se están abordando materias distintas, que no fueron parte del debate. Quiero expresar mi molestia por lo que ha hecho el Ejecutivo”, agregó Goic.
¿Qué busca cambiar el veto? Modificar la norma que permite a la Dirección del Trabajo fiscalizar las relaciones en materia de tutela laboral en el Estado.
Sobre esto, el veto del Ejecutivo propone que la Contraloría esté a cargo de esto.
El veto, además, establece que los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden no podrán invocar la tutela laboral.
Finalmente, el aludido texto fue rechazado y ahora la materia deberá sera analizada por la Sala del Senado.
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