Las licencias médicas llevan más de un año bajo la lupa. Primero fueron los cuestionamientos a profesionales por la emisión irregular o sin fundamento médico de estos documentos. Luego, la polémica se trasladó hacia quienes hacían uso del beneficio, tras conocerse los cruces de información que revelaron a miles de funcionarios públicos viajando fuera del país mientras se encontraban con reposo.
El debate abrió una serie de investigaciones y procedimientos disciplinarios, pero también aceleró el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre un sistema cuestionado tanto por la conducta de algunos emisores como por el comportamiento de sus usuarios. Es en ese escenario donde el gobierno, a través de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) está desplegando una nueva herramienta.
Se trata de VIGÍA, una plataforma basada en ciencia de datos que, en vez de mirar cada licencia de manera aislada, analiza grandes volúmenes de información para identificar relaciones y patrones que se alejan de los comportamientos considerados normales y dirigir hacia ellos los recursos de fiscalización.
Los primeros resultados ya están sobre la mesa. Entre enero y julio de este año, la Suseso inició 416 investigaciones a profesionales emisores de licencias médicas. De ellas, 211 fueron de oficio, priorizadas a partir de la información proporcionada por VIGÍA. El resto tuvo otros orígenes, entre ellos denuncias de organismos públicos y privados, empleadores y trabajadores.
De las investigaciones que se iniciaron gracias a la plataforma, 62 terminaron con sanciones y multas por aproximadamente $ 257 millones. Igual número de profesionales fue suspendido temporalmente de su facultad para emitir licencias médicas, por períodos de entre dos y seis meses.
Elisa Cabezón, Subsecretaria de Previsión Social.
Los patrones bajo la lupa
Pero ¿qué está mirando el sistema? Desde la Subsecretaría de Previsión Social, liderada por Elisa Cabezón, explican que uno de los patrones que puede detectar es una desproporción sostenida entre la cantidad o los horarios en que se emiten licencias y la capacidad clínica que razonablemente podría tener un profesional.
También puede encontrar coincidencias en esos comportamientos entre distintos profesionales vinculados a un mismo prestador.
“En simple, la tecnología nos permite mirar el conjunto de datos y no solamente comportamientos aislados. Eso ayuda a focalizar la fiscalización donde existen señales más consistentes de una eventual asignación de licencia médica sin fundamento médico”, señaló Cabezón.
El organismo, eso sí, optó por mantener bajo reserva otros parámetros y variables utilizados por el modelo. La razón, explicó la autoridad, es evitar entregar información que pueda permitir a quienes intenten vulnerar el sistema modificar su comportamiento para sortear los controles.
El análisis ya escaló más allá de la esfera administrativa. Durante julio, la Suseso informó al Ministerio Público antecedentes sobre 27 entidades prestadoras de salud con comportamientos atípicos, que involucran a 122 profesionales emisores.
Según explicó la subsecretaria, en esos casos el análisis agregado permitió establecer relaciones y patrones que, sumados a otros antecedentes y criterios de fiscalización, mostraron señales serias de una eventual emisión sin fundamento médico y elementos que podían hacer presumir posibles acciones ilícitas.
“Por eso correspondía poner esos antecedentes a disposición del Ministerio Público para que los investigara”, sostuvo.
La autoridad enfatizó, sin embargo, que VIGÍA no determina la existencia de un delito ni acredita por sí misma una irregularidad. Esa evaluación sigue correspondiendo a los equipos fiscalizadores y, cuando procede, al Ministerio Público y los tribunales.
“El modelo alerta; no condena”, resumió. La decisión, agregó, “nunca se toma automáticamente por un algoritmo”.
Los orígenes de la nueva herramienta
La nueva herramienta comenzó a gestarse antes de que estallara la última controversia por las licencias médicas. Su desarrollo se inició a fines de 2023, en el marco de un convenio de colaboración con la Subsecretaría de Hacienda. En 2024 avanzó su etapa de prefactibilidad y durante 2025 el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile desarrolló el modelo. Este año se concretó su transferencia tecnológica y puesta en marcha por parte de la Suseso.
La apuesta es pasar de una fiscalización principalmente reactiva a una que se anticipe y sea focalizada, concentrando los recursos en aquellos casos donde la información arroja mayores señales de riesgo.
“El objetivo de VIGÍA no es aumentar por aumentar el número de investigaciones. Lo que buscamos es fiscalizar mejor”, señaló la subsecretaria.
Y en medio del cuestionamiento que ha rodeado al sistema, la autoridad también busca marcar una diferencia entre las irregularidades detectadas y el uso legítimo del beneficio.
“No queremos poner bajo sospecha al trabajador que legítimamente necesita una licencia; queremos proteger ese derecho y, para hacerlo, tenemos que ser firmes con quienes intentan abusar del sistema”, afirmó.
La herramienta continuará incorporando nuevas fuentes de información y ajustando sus capacidades de análisis. Entre los ámbitos que la Suseso proyecta observar se encuentra la emisión vinculada a plataformas de atención remota, aunque el objetivo de fondo será ampliar la capacidad para identificar nuevos patrones a medida que también evolucionan las conductas que busca fiscalizar.
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Carolina León
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