El proyecto de ley de Presupuestos 2022 vive momentos clave. El Ejecutivo se encuentra afinando los detalles de la propuesta para enviarla al Congreso a más tardar el 30 de septiembre, con el desafío de recortar el histórico estímulo fiscal previsto para este año.
Este marco, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) acudió hoy a la comisión especial mixta de Presupuestos para dar cuenta de su informe anual, instancia en la que advirtió de las consecuencias de mantener la senda actual de gasto público y no hacer un esfuerzo importante en volver a una senda de responsabilidad fiscal.
En su presentación, el presidente del CFA, Jorge Desormeaux, planteó que la crisis social, económica y sanitaria ha deteriorado "fuertemente" las finanzas públicas y sus consecuencias hacen "imprescindible" iniciar un plan de convergencia "exigente y creíble".
De lo contrario, aseguró, que en el corto plazo la deuda neta podría llegar a un nivel "incompatible con la sostenibilidad fiscal".
"En efecto, sin una reversión significativa de las medidas transitorias de la pandemia en 2022 y de efectuarse una reducción lenta del déficit estructural para los años posteriores (0,25% del PIB por año), la deuda neta podría alcanzar niveles en torno a 100% del PIB en un horizonte de 15 años", alertó el titular del Consejo, integrado también por Jorge Rodríguez Cabello, Paula Benavides, Hermann González y Aldo Lema.
En el caso contrario, con una consolidación fiscal "alta" en el corto plazo y una convergencia "rápida" en el mediano y largo plazo equivalente a un punto el PIB por año desde 2023 en adelante, la deuda neta no superaría el 40% del PIB en el horizonte de proyección.
Los cálculos del CFA muestran que este año el gasto para hacer frente a la emergencia sanitaria representa un 8% del PIB, equivalentes a US$ 26.151 millones, lo que se compara con los US$ 6.383 millones (2,4% del PIB) el año pasado.
Así, la entidad prevé que la deuda bruta del sector público cierre este año representando el 33,6% del PIB, desde el 32,5% a diciembre del año pasado.
El llamado al sector político
El CFA reiteró las ocho recomendaciones entregadas a las autoridades políticas hace un par de meses, como comenzar "progresivamente" este año con el retiro de las medidas de estímulo extraordinarias, conservar un nivel "mínimo" de los fondos soberanos para "asegurar el acceso a liquidez" en caso de nuevas emergencias, y contemplar aumentos de financiamiento más permanentes para las arcas fiscales, entre otras.
"El Consejo insiste en la necesidad de que se generen consensos políticos transversales sobre la consolidación fiscal y el fortalecimiento de la institucionalidad, de forma tal de darles estabilidad y credibilidad en el tiempo", concluyó Desormeaux en su mensaje a los legisladores.
Más gastos en intereses
El escenario más pesimista presentado por el CFA contempla que los gastos en intereses de la deuda que desembolsa el Fisco aumentarán sostenidamente en los próximos años en caso de postergarse un ajuste en las arcas públicas.
Así, el panorama de menor ajuste en el gasto y, en consecuencia, de menor responsabilidad fiscal, llevaría a que los gastos en intereses se ubicarían sobre 3% del PIB en un horizonte de 10 años, llegando incluso sobre 5 puntos del Producto en las próximas dos décadas, lejos del 1% del PIB en 2020, "quitando espacio de gasto a prioridades de política pública", advirtió Desormeaux. En el caso extremo (o sea, de responsabilidad fiscal), dicha proporción oscilaría entre 2 y 2,5 puntos del PIB en las próximas dos décadas.
¿Por qué importa esto? El economista lo explicó así ante los legisladores:
"Lo anterior es relevante, ya que por tratarse Chile de una economía emergente, las exigencias del mercado para obtener un bajo costo de financiamiento son más altas que para el mundo desarrollado. Las recientes rebajas en la calificación de riesgo de Chile se explican por el deterioro de las cuentas fiscales y el menor crecimiento económico De no iniciar la convergencia, el país retrocedería en el principal pilar de su bajo costo de financiamiento", advirtió el exvicepresidente del Banco Central.
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