Un par de semanas lleva ya operando el nuevo sistema de créditos con garantía estatal, a través del Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape), el cual -en medio de los efectos de la pandemia de coronavirus- amplió desde 350 mil UF a 1 millón de UF (cerca de $ 29.0000 millones) al año el tope de ventas para acceder al beneficio.
Lo anterior, en un marco en que el Fisco inyectó US$ 3.000 millones al citado fondo, subiendo a US$ 24.000 millones su capacidad de préstamos.
Pero la operación del esquema no ha dejado satisfecho a parte del sector privado, ya que algunos consideran que el techo de 1 millón de UF de facturación anual sería muy bajo.
Uno de ellos es el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Peter Hill. El gremio solicitó al Gobierno ampliar el límite de ingresos para acceder a las garantías estatales, pidiendo que el universo considere a las compañías con ventas por hasta 20 millones de UF al año. Esto implica más de $ 560.000 millones cada doce meses, equivalentes a US$ 650 millones al tipo de cambio actual.
Este nuevo tramo involucra a 1.100 firmas de rubros tan diversos como energía, inmobiliario, comercio, industria, pensiones y salmonicultura, las que en conjunto emplean a 600 mil trabajadores.
El dirigente asegura que el foco de las medidas del Ejecutivo también debiera considerar la protección de los empleos, independiente de si las compañías beneficiadas son de mayor tamaño. “Se trata de empresas que se ubican en el piso del tramo de ventas de más de un millón de UF anuales (calificado por el SII en el tramo 4 de grandes empresas), y están en un limbo, ya que por una parte son demasiado grandes para acceder a medidas de apoyo y por otra demasiado pequeñas para enfrentar, por sí solas, la violenta caída de ventas sin comprometer su viabilidad y fuentes laborales”, señala.
Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).
Las sociedades que entrarían
Hill argumenta que si bien dichas empresas están clasificadas en el tramo más alto de ventas, en promedio tienen ingresos 60 veces más bajos que las principales multinacionales chilenas, “un bajo margen operacional, fuerte intensidad de empleo, alto apalancamiento financiero y costos inmobiliarios, lo que las hace particularmente vulnerables a una crisis de ventas como la actual”.
Según un análisis de la CCS sobre la base de los estados financieros de las compañías, en el nuevo tramo ingresarían sociedades de rubros tan diversos como Vapores (logística), Aguas Andinas (servicios básicos), las AFP Habitat y Provida, y Nueva Polar (consumo), entre otras (ver tabla).
En el caso del comercio, Hill enfatiza que las compañías del rubro en estos tramos facturan en promedio 4 millones de UF al año, emplean a más de 1.600 trabajadores “con cadenas de tiendas pequeñas y sin posibilidad de acceder a los mercados de capitales ni a las garantías estatales en la contingencia”.
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