Con cuestionamientos, dudas y resignación en los parlamentarios de la Nueva Mayoría terminó la tramitación del presupuesto 2017. La Cámara y el Senado respaldaron el informe de la comisión mixta y despacharon el proyecto, que este año tuvo una discusión menos traumática que en ocasiones anteriores.
Las discrepancias se focalizaron en la glosas de gratuidad y becas para la educación superior, incluso con la advertencia de Chile Vamos de objetar la entrega de recursos en Tribunal Constitucional (TC), lo que obligó al gobierno a modificar el proyecto, manteniendo el acceso gratuito en universidades, centro de formación técnica e institutos profesionales sin fines de lucro, pero extendiendo en 3.500 las becas Bicentenario a planteles privados fuera del Cruch y las becas Nuevo Milenio a CFT e IP que persigan fines de lucro.
Es esta fórmula la que despertó las críticas de los legisladores oficialistas, que con resignación la respaldaron. “El resultado final es que el gobierno transfiere $ 8.534 millones a las universidades, CFT e IP privados y se compromete a levantar en tres años todas las barreras, por lo que van a ser tratadas igual que los planteles privados”, expuso el senador socialista, Carlos Montes.
La diputada del PPD, Cristina Girardi, complementó, afirmando que el Ejecutivo está avalando “un modelo de financiamiento que funciona como subsidio a la demanda (a los estudiantes) y no a la oferta (las instituciones de educación superior). El Estado estará obligado a financiar las instituciones privadas donde existan alumnos vulnerables, independiente si lucran o no”.
El principal error, según la diputada de la DC, Yasna Provoste, “es que teniendo mayoría en el Parlamento, el gobierno aún no presenta (las modificaciones a) la reforma a la educación superior que esperamos”.
Desde el oficialismo y la oposición emplazaron al gobierno a acelerar la tramitación del proyecto de educación superior. “La solución está en la ley larga que se discute en la comisión de Educación”, señaló el diputado socialista, Manuel Monsalve, mientras que el presidente de la UDI, Hernán Larraín, aseguró: “Es momento que el gobierno traiga su política de educación superior”.
Al interior del bloque oficialista cuestionan, además, que el mecanismo negociado con la derecha estipule que la Contraloría “podrá”, y no “tendrá”, que fiscalizar los recursos entregados por el Estado a las universidades privadas, entre ellas las del grupo Laureate.
En esta materia, el contralor de la República, Jorge Bermúdez, advirtió que el número de fiscalizadores es escaso y que el organismo “puede realizar una fiscalización estratégica, una auditoria a la glosa, pero siempre en el contexto de recursos que son escuetos”.
Incluso el fortalecimiento de la educación superior pública, con la adición de $ 3.500 millones anuales vía crédito al Banco Mundial y con la modificación del tope de 2,7% de crecimiento anual de la matrícula, fue cuestionado por el oficialismo. “Lamentamos la falta de fuerza y convicción de nuestro gobierno de jugarse por el principal cambio en la educación superior, que es fortalecer lo más debilitado en un sistema mixto, que son las universidades estatales”, expresó el senador Montes.
“Los ejes centrales del programa de gobierno se ven afectados. Veo más renuncia que realismo en las becas”, concluyó el jefe de la bancada de diputados del PS, Juan Luis Castro.
Resuelta la gratuidad para 2017, el desafío pendiente es la ley larga, concordaron el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y la titular de Educación, Adriana Delpiano. El primero señaló que el gobierno “hará los mayores esfuerzos” en aprobar el texto que descansa en la comisión de Educación de la Cámara durante la actual administración, mientras que la segunda fue menos ambigua e indicó que la iniciativa se pretende despachar “durante la gestión de la Presidenta Bachelet”.
Presupuesto “responsable”
Junto con las mencionadas glosas de gratuidad y becas en educación superior, el Congreso despachó mayores recursos para el presupuesto del próximo año del Ministerio de Agricultura y Conicyt, además de reponer los montos para algunos programas de educación.
“Aprobamos un Presupuesto responsable”, destacó el titular de Hacienda.
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