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REGÍSTRATE AQUÍMayor nivel de focalización y nuevas transferencias monetarias destacan entre las propuestas de campaña.
Por: S. Valdenegro, R. Carrasco y R. Lucero
Publicado: Martes 6 de julio de 2021 a las 04:00 hrs.

Boric: revisar focalización
La economista Javiera Martínez, del comando del precandidato Gabriel Boric (Convergencia Social) señala que el equipo busca “terminar con la letra chica” de las políticas sociales, por lo que se trabaja en revisar la metodología empleada hoy para la focalización. Adicionalmente, apunta a una pensión básica universal sobre la línea de la pobreza y un plan de reactivación económica con acento en el empleo (en especial, femenino) y en la reconversión laboral”. El financiamiento provendrá del remanente del Fondo Covid y el impuesto a los “súper ricos”.
El economista Sebastián Izquierdo, del equipo de la carta de Evópoli Ignacio Briones, señala que buscarán otorgar subsidios de manera transitoria por 6 meses al empleo, lo que se conjugará con una Renta Mínima Garantizada a todos los trabajadores formales con sueldos inferiores a $ 550 mil, “asegurando que nadie perciba menos de $ 400 mil líquidos”. Además, crearán un Ingreso Básico Universal para la Pobreza, que subirá en la medida que se eliminen programas públicos evaluados deficientemente.

El equipo económico del precandidato de RN, Mario Desbordes, liderado por Germán Vera, plantea que buscarán mantener las ayudas sociales actuales “cuanto tiempo sea necesario” para afrontar los efectos de la pandemia, “manteniendo la universalidad por sobre la focalización” y con transferencias que impulsen la creación de empleos.
Entre dichas medidas, señalan aportes directos a las PYME, garantías estatales para acceso al financiamiento y priorizar el empleo femenino, empujando el proyecto de Sala Cuna Universal.

El economista del equipo de campaña de Daniel Jadue (PC), Nicolás Bohme, explica que se propondrá un “sistema integral de cuidado”, que reconocerá y remunerará a 600 mil cuidadoras informales, sacando de la pobreza a 140 mil personas, con un costo fiscal de US$ 3.000 millones.
A esto se agrega el aumento anunciado y “gradual” al salario mínimo y una Pensión Básica Universal “sin letra chica”, equivalente a un 75% del ingreso mínimo, con un costo fiscal de US$ 7.000 millones, señala el experto.
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, propone un aumento “radical” de la productividad de los trabajadores y de las empresas, mediante la reducción del tamaño del sector público “en pro de un Estado austero y eficiente”.
Así, buscará reducir la “asfixia regulatoria” que enfrentan las empresas, modernizar las leyes laborales “a tono con la flexibilidad que demanda el siglo XXI y expandir la capacitación y educación laboral”.
El economista Tomás Flores, del comando del presidenciable UDI Joaquín Lavín, se limita a señalar que mañana comenzarán a trabajar las bases de datos de la Casen “para poder identificar con mayor precisión las políticas públicas requeridas para hacer frente a esta grave situación”.
Desde el comando de la candidata del PS, Paula Narváez, señalan que presentarán un plan de reactivación económica con un foco en “empleo decentes”, el aumento del salario mínimo, una pensión básica universal de $ 225 mil para el 90% más vulnerable -con un costo de 1% del PIB- y un ingreso básico universal que tendrá una cobertura del 80% de las mujeres y niños, niñas y adolescentes en una primera etapa, “buscando asegurar pobreza cero en la primera infancia”, con un costo inicial de 1,7 puntos del Producto.
El candidato del PR, Carlos Maldonado, enfatiza que en la medida que la situación sanitaria no mejore, habrá que extender las actuales ayudas fiscales. Pero de cara al próximo gobierno, plantea que “será necesario hacer un esfuerzo para que el Estado pueda catastrar correctamente la pobreza en Chile, haciéndose cargo de sectores que hoy no aparecen adecuadamente visibilizados, como los inmigrantes”.
El independiente que participará en la primaria de Chile Vamos, Sebastián Sichel, plantea crear una nueva “red de protección social”, basada en políticas como la devolución de IVA de alimentos y remedios, “que permitirá entregar $ 133.000 cada 3 meses a hogares”; un aporte salarial permanente para suplementar ingresos de aquellos trabajadores de menores sueldos; y una pensión de alimentos “garantizada, en la cual el Estado se hace cargo pero persigue al deudor para reintegrar el monto”, agrega.
Pese a los resultados, el informe de Cochilco sugiere avanzar en la creación de un nuevo instrumento sectorial que evalúe los riesgos psicosociales y la salud mental. Ello, tomado en cuenta que es una actividad con características especiales.
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