La jornada a nivel político volverá a estar marcada por el proyecto que permite retirar hasta un 10% de los fondos de pensiones acumulados en las cuentas individuales de las AFP.
El texto será votado hoy por la Sala del Senado y se espera que mañana en tercer trámite la Cámara de Diputados lo despache a Ley, con lo que comienza a correr el plazo para que las gestoras comiencen a ejecutar los traspasos a sus afiliados.
En el gobierno miran con inquietud la iniciativa, no solo por el debate abierto sobre modificar el sistema previsional o el impacto que podría tener en el mercado de capitales, sino también por las implicancias que tendría la moción en las finanzas públicas.
Hoy, el director de Presupuestos (Dipres), Matías Acevedo, envió un nuevo oficio a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), actualizando el impacto fiscal que tendría la medida en su conjunto, debido a los menores impuestos que recibiría el Estado por la exención para el retiro, el mayor gasto para suplementar las jubilaciones del Sistema de Pensiones Solidarias (SPS) y, ahora, por la posibilidad de que los jubilados accedan a retirar parte de sus fondos.
Este último punto es clave, ya que la comisión de Constitución del Senado el lunes dio el visto bueno a incorporar a los actuales pensionados en la posibilidad de acceder a hasta un 10% de sus fondos, algo que no estaba incorporado en el proyecto que llegó desde la Cámara.
En el oficio, Acevedo calcula que dicha opción implicará un mayor gasto para el Fisco de US$ 355 millones, con lo que el impacto total del proyecto para las finanzas públicas ascenderá a US$ 6.002 millones, un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
"Los actuales beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias que tengan retiro programado observarán una reducción de su pensión al efectuar el retiro. Sin embargo, como el SPS tiene reglas de cálculo del Aporte Previsional Solidario (APS) en diferentes formatos, parte o todo el efecto puede ser absorbido por el SPS por la vía de un aumento del gasto fiscal", asegura el documento.
"En efecto, las personas que están bajo la modalidad de pensión final garantizada, ya sea por haber entrado al SPS bajo la ley corta o, habiendo entrado antes, teniendo una Pensión Autofinanciada (PAFE) inferior a la Pensión Máxima con Aporte Solidario (PMAS), tendrán una pensión final garantizada. Esto quiere decir que un retiro de los fondos generará un mayor gasto fiscal por la vía de un menor saldo disponible para el financiamiento de la pensión final", enfatiza Acevedo.
Otros costos
Esta es la tercera actualización de la incidencia en las finanzas públicas que realiza la Dipres. El viernes, había anticipado un mayor gasto público por US$ 3.500 millones por los mayores recursos que deberán desembolsarse en el pilar solidario para suplementar la caída en las jubilaciones por el retiro del 10%. En esa oportunidad, se le agregaron menores ingresos públicos por US$ 760 millones por impuestos que no se pagarán, al establecer que los retiros estarán exentos de gravámenes, a lo que se le añaden US$ 300 millones por la rebaja en la base tributaria del régimen A del Ahorro Previsional Voluntario (APV).
El lunes, Dipres entregó nuevos cálculos, totalizando US$ 5.667 millones en impacto para las arcas fiscales entre menores impuestos pagados y mayor gasto para suplementar la caída en las pensiones con aporte del Estado. De hecho, la entidad calculó que el impacto fiscal se extenderá inclusive hasta el año 2100.
En el documento enviado hoy a la presidencia de la Cámara Alta, los US$ 6.002 millones se desglosan en los ya citados US$ 355 millones por el retiro de los ya pensionados, US$ 3.521 millones de mayor gasto para solventar las caída en las pensiones del SPS, US$ 1.372 millones por menores impuestos percibidos en los regímenes A y B del APV, y US$ 754 millones por la exención tributaria general al retiro de fondos.
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