Cada año, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos, los ministerios y servicios públicos se comprometen a una buena práctica: enviar a la Oficina de Presupuestos del Congreso información periódica del gasto y estado de avance de ciertos programas o políticas, con el fin de rendir cuentas del correcto uso de los recursos al Parlamento y a la ciudadanía.
Este tema ha tomado vuelo en las últimas semanas ad portas del inicio del debate presupuestario 2021, proceso marcado por la pandemia del coronavirus.
Jeannette von Wolfersdorff, Directora del Observatorio Fiscal. Manuel Henríquez,
Investigador del Observatorio Fiscal.
El Observatorio del Gasto Fiscal analizó el nivel de cumplimiento del sector público con dicha práctica. Basados en los datos de la Oficina de Presupuestos del Parlamento, la ONG da cuenta de que un 58% de la información requerida con plazo límite del 30 de junio se remitió a tiempo, mientras que un 42% no se entregó en el plazo acordado.
Esto, luego de analizar los 1.725 informes recibidos de un total de 2.956 que debían despacharse antes del 30 de junio. Para el año en su conjunto, la administración pública debe remitir 6.325 reportes en esta materia.
Las carteras de Educación y Justicia destacan con un nivel de cumplimiento que parte en el 90%, seguido de Salud, el Servicio Electoral, Desarrollo Social, la Fiscalía Nacional y Agricultura, que enviaron a tiempo alrededor del 88% de los reportes (ver gráfico).
En la otra vereda se ubicaron el Congreso Nacional, que al cierre del primer semestre solo había enviado uno de los 16 reportes esperados en el período (un 6% de lo acordado). Más atrás se ubican la partida del Tesoro Público, el Ministerio de Economía y la Presidencia de la República como las entidades con menor nivel de cumplimiento.
¿Fácil de procesar?
El análisis también considera la calidad del formato de la información: un 41,6% de los reportes enviados fueron recibidos en un formato digital procesable, mientras que un 40,5% solo “parcialmente procesable”. Solo un 1,1% era digital, pero “imposible de procesar” y un 8,6% fue recibido en formato papel.
En esta última categoría destaca Salud, ya que el 43% de los documentos recibidos fue elaborado en papel, seguido de la Cancillería (7,7%) y el Ministerio Público (2,9%).
“Si bien más de un 40% de la información reportada viene en el formato recomendado por las buenas prácticas, un volumen similar viene en un formato que no es íntegramente procesable por un usuario, y uno de cada 10 informes sencillamente no es posible procesar su contenido. Esto evidencia un resultado deficiente del punto de vista de los estándares idóneos con que debe rendirse la información del gasto público”, señala el investigador del Observatorio, Manuel Henríquez.
¿Cómo mejorar?
El documento también incluye posibles mejoras.
La directora de la fundación, Jeannette von Wolfersdorff, advierte que las glosas de la Ley de Presupuestos representan una mezcla de peticiones “que sería bueno revisar sistémicamente”, con el objetivo de que se pida información “realmente útil, tanto en contenido como en formato”.
“Así, la oficina de Presupuesto bicameral del Congreso -cuyo trabajo ojalá pudiera ser fortalecida- podrá poner en valor esa información, para los parlamentarios, y la sociedad en general”, plantea la ingeniera.
Junto con esto, se propone que la información esté alojada en un sitio web “más amigable para los ciudadanos” en la Cámara y el Senado; que haya sanciones efectivas para el incumplimiento y que incluso la Contraloría fiscalice dichos compromisos; estandarizar la manera de informar; y otorgar más recursos a la Oficina de Presupuestos del Congreso, por citar algunas.
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